Vox plantea en el Parlamento derogar decreto del Gobierno sobre subida de luz y ayudas de la Junta a grupos vulnerables

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Vox ha presentado una Proposición no de Ley (PNL) para su debate el próximo jueves en el Pleno del Parlamento de Andalucía por la que reclama al Gobierno andaluz que plantee, a su vez, al Gobierno de la Nación "derogar y dejar sin efecto el Real Decreto-Ley 17/2021" sobre la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad al esgrimir "el impacto negativo que tendrá en el mercado eléctrico y el encarecimiento futuro que supondrá para todos los consumidores de electricidad".

Las peticiones de Vox al Pleno de la Cámara autonómica se encaminan también a reclamar al Gobierno andaluz que prevea "una línea de ayudas directas para el pago de suministros y vulnerabilidad energética" con la intención de "paliar la pobreza energética causada por el continuo encarecimiento del recibo eléctrico", ayudas que tendrían como destinatarios "aquellas personas más vulnerables", entre quienes sitúa a "desempleados, pensionistas y familias numerosas".

La tercera petición de Vox a la Cámara autonómica se dirige a que el Gobierno andaluz pida a la Administración del Estado "impulsar una estrategia nacional de la energía que garantice la soberanía energética y la generación y suministro sostenido a los hogares y empresas", que sitúa en el desarrollo de "fuentes de energía que permitan hacer frente a las necesidades de los españoles y reduzcan nuestra dependencia exterior en las situaciones de alta demanda".

En la exposición de motivos de la iniciativa parlamentaria Vox sitúa sus antecedentes en la aprobación por el Consejo de Ministros el 14 de septiembre del Real Decreto-Ley 17/2021, herramienta legal a la que reprocha que con ella el Gobierno pretende "reducir artificialmente el coste de la energía hoy a costa de aumentar la factura los próximos años".

Con la referencia a las tres medidas fundamentales, que son la rebaja desde el 5,1% al 0,5% del impuesto especial a la electricidad; limitar a un 4,6% el alza de la tarifa de último recurso de los consumidores de gas; y recortar los beneficios extraordinarios de las eléctricas en un importe cercano a los 3.000 millones de euros, Vox considera que "cada una de estas tres medidas provocará un encarecimiento aún mayor" en la factura.

Vox apunta que las medidas entrañan "una forma de cargarles los elevados costes actuales en el futuro".

En el caso de la rebaja del impuesto a la electricidad, estima que "debería ir acompañada de una reducción del gasto estatal" al augurar que la medida supondrá "un incremento del déficit público de aproximadamente 1.000 millones de euros" por cuanto se dará la ecuación "menos recaudación y mismos desembolsos estatales, que incrementarán la deuda y el déficit".

Sobre la limitación al 4,6% del incremento de la tarifa de último recurso del gas para los consumidores domésticos, Vox prevé que "las comercializadoras de gas vendan a pérdida, sino que les dejarán a deber a futuro la parte del recibo no cobrada".

"Con esta medida el Gobierno está inaugurando el déficit tarifario en el recibo del gas", ha colegido Vox.

"Con esta operación lo que el Gobierno consigue es que los consumidores paguen menos ahora, cuando los precios son muy altos, para que paguen más en el futuro, cuando los precios sean más bajos", ha argumentado.

Sobre el recorte de los beneficios de las eléctricas, Vox prevé que el precio de la electricidad "es el precio del mercado mayorista", determinado por el coste de generación de electricidad en las centrales de ciclo combinado empleando gas, con la paradoja de que "gran parte de las comercializadoras no acuden al mercado mayorista a comprar la electricidad, sino que suscriben acuerdos de suministro a largo plazo con las centrales nucleares, hidroeléctricas, fotovoltaicas o eólicas".

Con un precio fijado de antemano de aproximadamente 50-60 euros por MWh en esos acuerdos de suministro, Vox prevé que "las centrales (hidroeléctricas, fotovoltaicas o eólicas) ya tengan comprometida la generación eléctrica a un precio fijo en lo que resta de año y en 2022", por lo que "tenderán a reducir el suministro de energía".

Tras recordar que "las eléctricas ya han manifestado su intención de llevar a los tribunales al Gobierno por este cambio retroactivo de las concesiones de explotación de sus centrales", Vox ha concluido que "en los tres casos, estamos hablando de parches, medidas coyunturales que enmascaran la dolorosa realidad presente con deuda y que deberán pagar todos los españoles en el futuro".