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SEVILLA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -
Dos hermanos acusados de haber apartado a su madre del resto de sus hermanos y llevársela a paradero desconocido mientras que la misma presentaba un evidente deterioro cognitivo en aras de hacerse con su patrimonio han aceptado los hechos durante el juicio celebrado esta última semana en la Audiencia Provincial de Sevilla.
Ello ha propiciado un acuerdo de conformidad entre las partes que ha resultado en una rebaja de los cuatro años de prisión que en principio solicitaba la Fiscalía a tan solo un año de pena privativa de libertad por un delito de apropiación indebida, con circunstancia mixta de parentesco y atenuante de confesión.
Según consta en la sentencia, consultada por Europa Press, el Ministerio Fiscal, durante la vista, formuló nuevas conclusiones en las que rebajó esta pena, bajo la condición de que indemnizasen a su madre con 50.000 euros, que era la cantidad en la que en principio había valorado el Ministerio Público el presunto fraude llevado a cabo por ambos contra la progenitora.
También debían declararse nulas las donaciones del apartamento y trastero que aún regentaban en Marbella, así como otra vivienda en Sevilla, que la progenitora habría cedido a cabo notarialmente a los acusados mientras, efectivamente, se encontraba en paradero desconocido. La primera registra un valor de mercado de entre 850.000 y un millón de euros, mientras que la segunda, residencia habitual de la anciana, tenía un valor de tasación hipotecaria de más de 850.000 euros.
Tanto la acusación particular, ejercida por algunos de los hermanos restantes, como los propios acusados mostraron conformidad con los términos de la Fiscalía, por lo que, sin ser necesarios más trámites, la sentencia fue dictada 'in voce' en el mismo acto del juicio, aceptada por las partes y declarada en firme.
Es más, los hermanos no llegarán a ingresar en la cárcel, pues las defensas de los mismos solicitaron la suspensión de las penas de prisión y el Ministerio Público no se opuso a esta última, por lo que el Tribunal decidió conceder este beneficio.
LOS HECHOS
El escrito de conclusiones del Minsiterio Público, ahora elevado a conclusiones definitivas, indica que ya en el año 2000 la progenitora padecía patologías diversas, entre ellas un deterioro cognitivo leve o trastorno de afectividad, una situación que llegó incluso a agravarse hasta devenir en un deterioro cognitivo moderado-grave que afectó a su capacidad para evaluar o actuar en determinadas situaciones.
Incide en que "no poseía capacidad suficiente para atender las facetas que conformaban su autogobierno", así como a la administración de su patrimonio, por lo que desde el mes de junio de 2018 sus hijas instaron su incapacitación judicial, si bien, a día de hoy, aún este procedimiento no ha concluido.
En el momento en el que esta demanda de incapacitación fue presentada, los acusados, "conocedores de que sus hermanos pretendían incapacitar a su madre, se personaron en su vivienda y, sin dar ningún tipo de explicación, se la llevaron a un paradero desconocido".
Desde entonces, explica la Fiscalía, ambos acusados "impidieron a sus hermanos relacionarse con su madre, a fin de aislarla y poder hacer efectivo su plan de apoderarse de su patrimonio".
Cabe mencionar que en el mes de octubre de 2018, una de las afectadas pudo ver a su madre en una terraza, si bien uno de sus hermanos impidió que, finalmente, se comunicase con ella más allá de una breve conversación a través de la puerta del inmueble, una situación que se repitió en una segunda ocasión. "En ninguna de las dos ocasiones logró que los acusados le abriesen la puerta".
Los investigados, "conocedores de la situación en la que su madre se encontraba, procedieron a gestionar su patrimonio en su propio beneficio". Es más, llegaron a sustraer propiedades y capital del que se fueron apoderando "sin contar en ningún momento con autorización, dado que la mujer no se encontraba psíquicamente capacitada para otorgarlo, y sin poderlo en el conocimiento de sus hermanos".
Mientras que su madre se encontraba en paradero desconocido, "lo que, además, impedía que se pudiese tramitar su proceso de incapacitación judicial", las hermanas de los acusados interpusieron una denuncia.
Por ende, los mismos fueron detenidos en febrero de 2020, momento en el que su madre pudo volver a su domicilio habitual, en el que convivía con uno de sus hijos. No obstante, ya en el mes de mayo, los acusados retomaron su hazaña y, personándose sin dar explicación a sus familiares, volvieron a llevarse a su madre consigo.
Ya a mediados de 2020, la mujer presentaba un deterioro cognitivo moderado-grave y contaba únicamente con el importe de su pensión de viudedad para su sustento, si bien carecía incluso de un inmueble que fuese de su propiedad para poder vivir.