Actualizado 10/03/2007 13:01 CET

Almería.- Tribunales.-Abogado de los policías querellados contra el alcalde de Garrucha critica que no se le haya citado

El Juzgado de Instrucción número dos de Vera dictó auto de admisión a trámite el 22 de diciembre por presunta prevaricación y coacciones

ALMERÍA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El letrado José Manuel Urquiza, representante legal de los dos policías locales querellados contra el alcalde de Garrucha, Andrés Segura (PSOE), calificó hoy de "inaudito" que el Juzgado de Instrucción número dos de Vera (Almería) no haya citado aún a declarar al primer edil como presunto autor de los delitos de prevaricación y coacciones.

En declaraciones a Europa Press Urquiza criticó la dilatación en el tiempo del proceso desde que, recordó, se interpusiera la querella el 5 de octubre de 2006 en un caso que ha colocado a sus clientes "en el ojo del huracán bajo las órdenes del señor contra el que se han querellado". Señaló, además, la ausencia de provisión para fijar una fecha de citación de los imputados en el auto de admisión a trámite, "algo no usual".

El Juzgado de Instrucción número dos de Vera dictó el citado auto, al que tuvo acceso Europa Press, el pasado 22 de diciembre. La denuncia de los funcionarios Ramón L.R. y Antonio Manuel M.C. se formuló en contra el alcalde de Garrucha, el jefe de la Policía Local, José Antonio Oller y tres ediles más de la corporación cuyos hechos la juez Rocio Sánchez Rodríguez consideró podían ser constitutivos de prevaricación y coacciones. El auto desestimó el de amenazas por no concurrir los elementos de este tipo de delito.

En esta línea, Urquiza también criticó que el Juzgado de Instrucción número dos de Vera sólo haya oficiado para que el Ayuntamiento de Garrucha informe sobre los hechos objeto de la querella sin requerir la documentación y no haya ordenado diligencias en otras pruebas solicitadas por la acusación como la declaración de testigos y de los propios imputados.

El letrado, quien insinuó la cercanía de las elecciones municipales a las que Andrés Segura concurre como candidato a la Alcaldía de Garrucha, remitió un recurso de apelación y de reforma contra el auto de 22 de diciembre que tampoco ha recibido respuesta

los hechos tuvieron lugar en junio de 2005 cuando el primer edil "de forma injusta y arbitraria" nombró a Oller jefe de la Policía Local. Los agentes impugnaron entonces el decreto de Alcaldía por el que se hacía efectivo el nombramiento argumentando que Oller no cumplía los requisitos indispensables para acceder al cargo de jefe ya que no poseía titulación ni preparación para ostentarlo.

"A raíz de ese momento --explicó el letrado-- comenzaron a sucederse una serie de persecuciones sobre los dos agentes que en ese momento se encontraban completando su formación para acceder al cuerpo en la Escuela de Seguridad Pública (ESPA) de Pulpí (Almería)".

Entre las acciones que se aplicaron a los agentes, Urquiza comentó que "se les suspendió uno de los cursos al parecer por decisión del jefe de la Policía Local además de que iniciaron el procedimiento para su traslado a la ESPA de Sevilla". Posteriormente, añadió que "representantes municipales coaccionaron a los agentes a firmar un acuerdo por el que a cambio de que retirasen el recurso interpuesto contra el nombramiento del jefe de la Policía pudieran reingresar en la ESPA de Pulpí".

Los policías accedieron, según el abogado "por temor a no poder acceder al cuerpo". Dos años después, y siendo Ramón López y Antonio Morales titulares de la plantilla de la Policía Local de Garrucha, retomaron la denuncia.

No es la primera vez que el primer edil del PSOE está imputado en procesos judiciales. Segura estuvo acusado de impedir supuestamente en febrero de 2000 que el diputado nacional del PP por Almería, Rafael Hernando, ofreciera un mitin en el municipio de Garrucha. Por otro lado, la Audiencia Provincia ratificó en abril de 2006 el sobreseimiento de la querella criminal interpuesta por el PP en 2003 contra el alcalde, Andrés Segura (PSOE), por supuestos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad documental.