SEVILLA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
Cajasol dio por concluido el proceso el proceso de depuración de responsabilidades tras los requerimientos del Banco de España a El Monte, de manera que, según indicaron a Europa Press fuentes de la entidad "afrontamos el futuro con los deberes hechos".
En una nota, la entidad destacó que todas las acciones emprendidas para concretar las acciones necesarias para depurar las responsabilidades indicadas por Banco de España, como la contratación de una auditora para el estudio de operaciones han sido adoptadas por el consejo de administración "por unanimidad de todos sus consejeros bajo la dirección de su presidente, Antonio Pulido".
Así, en consejo de administración se abordó este asunto "desde el primer momento con todo rigor así como la decisión necesaria para exigir las responsabilidades que procedieran y ya se establecieron los controles para evitar la repetición de acciones similares".
La entidad aclaró en esa nota los hechos ocurridos en el ejercicio 2004-2005 en el seno del grupo empresarial y las acciones emprendidas por la caja en orden a satisfacer los requerimientos que elevó el Banco de España a El Monte.
Además, destacó que el estudio de los hechos, la depuración de responsabilidades a través de acciones legales y las acciones emprendidas por la entidad "han tenido lugar a partir de septiembre de 2006, coincidiendo con la entrada de Pulido y se han extendido hasta enero de 2008" con las últimas acciones legales.
Recordó que la entidad "tan pronto tuvo conocimiento de los irregularidades, prescindió en 2006 de los directivos que las ampararon en su provecho" y destacó que en la actualidad "queda reflejado que Cajasol ha cumplido con creces los requerimientos exigidos por el Banco de España".
Con las acciones judiciales emprendidas, la entidad pretende "resarcirse de los daños patrimoniales sufridos y reforzar nuestra imagen en el sector financiero, aportando transparencia en un proceso complejo como es la depuración de responsabilidades por operaciones realizadas en el pasado".
Precisó que en todo momento, tanto la Consejería de Economía y Hacienda como el Banco de España "han tenido puntual información de los trabajos desarrollados así como de las acciones emprendidas, las más adecuadas y contundentes para salvaguardar los intereses de la entidad y de sus clientes".
La caja expuso en la nota todos los sucesos y acciones seguidas de forma cronológica. Así, indicó que en los meses previos al verano de 2006, la sociedad grupo empresarial El Monte fue objeto de una inspección por Banco de España y los inspectores solicitaron "una serie de medidas que afectan a la inversión crediticia y ajustes contables, a la gestión y control del grupo empresarial".
En julio de 2006, El Monte procedió, antes de recibir formalmente el informe de requerimiento de Banco de España, a "satisfacer los requerimientos relativos a la inversión crediticia y ajustes contables, aplicando una serie de dotaciones para aumentar la cobertura de los riesgos crediticios". Con este hecho, se aplicó el deseo del órgano regulador "de manera inmediata".
UNOS 32 MILLONES DE INVERSIONES.
El 30 de julio de ese año la caja saneó contablemente una serie de inversiones en empresas participadas, por importe de 32 millones de euros, mediante la dotación de provisiones contables, una medida "ordinaria" que anticipó "posibles coberturas de riesgos en el futuro".
Entre otras medidas, la entidad acordó incorporar en 2006 al equipo de dirección a una interventora general "que asume la responsabilidad contable de la caja y del grupo de empresas, para iniciar la homogenización de criterios contables".
El Banco de España, en su labor de inspección, analizó 99 operaciones de inversión y desinversión en el grupo empresarial. En este proceso, y tras identificar algunas deficiencias en la gestión del grupo, solicitó un análisis por una auditora de los procesos de compra y venta de las operaciones más significativas; y la depuración de responsabilidades "en caso de que el examen de la auditoría demostrara daño patrimonial o daño reputacional de la caja".
La caja explicó que una vez que el Banco de España dio a conocer su informe en octubre de 2006, el consejo de El Monte acordó "por unanimidad" contratar a una auditora (Price Waterhouse Coopers) para el estudio de las operaciones.
ACCIONES JUDICIALES ANTES DE LA FUSIÓN.
Indicó que el consejo desde esa fecha celebró cinco sesiones monográficas sobre el informe del Banco de España, "en las que se han ido conociendo los hechos y las posibles acciones judiciales a emprender".
La entidad, asesorada por su gabinete jurídico, solicitó en esas fechas además un informe al despacho de abogados de Garrigues para que analizara "qué acciones y a quienes se le debía exigir responsabilidades por estas operaciones".
En ese sentido, destacó que el informe de Garrigues es "contundente" y revela que de las operaciones realizas en el grupo empresarial "se conocen irregularidades en una serie de transacciones y que se deben exigir una serie de responsabilidades". Por ello, algunas de estas responsabilidades se comenzaron a exigir judicialmente "durante el proceso de investigación, incluso antes de la fusión".
Una vez finalizado el proceso de investigación, se concluyó que "en tres de las ocho compañías analizadas existe un conocimiento probado de las que se puedan derivar el ejercicio de acciones de responsabilidad".
Por ello, en mayo de 2007, el consejo, a propuesta del gabinete jurídico de la entidad, acordó ejercer acciones legales por transacciones relativas a la sociedad HC, la sociedad Caymasa y Soto de Paniagua, propuesta que fue aprobada "por unanimidad del consejo".
En el resto de operaciones en el resto de participadas analizadas, según el informe de Garrigues, se concluyó que "no había lugar a emprender otras acciones para depuración de responsabilidades".
SOCIEDADES INTERPUESTAS Y POSIBLE ESTAFA.
Detalló que en marzo de 2006, la sociedad Caymasa despidió a su director general, José Leal, y en abril del pasado año Caymasa presentó una demanda civil de reclamación de cantidad frente a una sociedad patrimonial de la familia de Leal, Lealmen, en reclamación de 3,07 millones de euros "por facturas emitidas por Lealmen y abonadas por Caymasa, sin que obedecieran al tráfico mercantil".
Además, en junio de 2007 la entidad presentó una demanda por acción de responsabilidad social frente a Leal, por 272.000 euros y le exigió también el resarcimiento de un daño de 506.000 euros "por transacciones inmobiliarias que realizó en su provecho, interponiendo una sociedad familiar".
En cuanto a la sociedad HC, Cajasol detalló que en octubre de 2007, el grupo empresarial presentó una demanda civil frente a la sociedad Old New Investment --propiedad de la familia Sanahuja--, frente a Jose María Bueno Lidón --ex presidente de El Monte-- y José Selfa --antiguo responsable del grupo empresarial--, por la "venta irregular de la participación del 30 por ciento que El Monte poseía en HC". Por la citada demanda, el grupo empresarial solicita el resarcimiento de un daño patrimonial de 17,9 millones de euros.
A su vez, tras la solicitud de un informe forense a Ernst&Young, el grupo empresarial presentó el pasado 28 de diciembre de 2007 una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción "por entender que los hechos podrían ser tipificados como un ilícito de administración desleal y estafa".
Por último, sobre la sociedad Soto de Paniagua, en agosto de 2006 la caja presentó una demanda contra José Selfa para solicitar el resarcimiento de "daño patrimonial" sufrido por la misma por la venta del 40 por ciento de su participación en Soto de Paniagua, "donde se puso de manifiesto un lucro cesante de 1,9 millones".
