CCOO-A pide permiso a la juez Núñez para querellarse contra el denunciante del fraude en cursos de formación

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO-A ha solicitado licencia a la juez María Núñez Bolaños para querellarse por delitos de calumnias y/o injurias contra Teodoro Montes, el testigo protegido por Mercedes Alaya que denunció las "graves" irregularidades en la concesión de cursos de formación y que aseguró que este sindicato cobró comisiones de hasta el 20 por ciento por subcontratar cursos a terceros.

En un escrito elevado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, CCOO-A alude a las declaraciones que prestó Teodoro Montes --testigo protegido por Mercedes Alaya cuando estaba al frente de la investigación-- tanto ante la Guardia Civil como ante la propia Alaya, ante la que compareció en octubre del pasado año 2014 en una declaración que se prolongó durante 31 horas divididas en varias jornadas.

A juicio del sindicato, el denunciante del supuesto fraude realizó "diversas" manifestaciones sobre CCOO-A y vertió "múltiples incorrecciones que no se ajustan a la verdad, algunas de ellas de carácter administrativo que de momento no tienen, salvo prescripciones posteriores, gran relevancia penal".

No obstante, considera que "sí existen una serie de falsedades que sí tienen relevancia penal" y que "se encuentran dentro de las figuras de injurias y calumnias" hacia CCOO-A, pues, en primer lugar, Montes, "que además tiene el carácter de funcionario público", dijo ante la Guardia Civl: "conviene reseñar a modo de ejemplo como CCOO lleva sin justificar las programaciones de los últimos años, sin que ello haya impedido nuevas adjudicaciones".

SUPUESTO PORCENTAJE DEL 20%

Posteriormente, y ya ante la juez Alaya, declaró que: "aclara que suprime este párrafo porque todos los expedientes con el código 98 que son los otorgados e instruidos por la Dirección General carecen de rigor, no solamente en la justificación, no solamente los de CCOO", según recuerda el escrito al que ha tenido acceso Europa Press.

El sindicato añade que, en su declaración de 14 de octubre ante la magistrada, y al ser preguntado por un supuesto porcentaje del 20 por ciento que percibían las entidades beneficiarias al subcontratar, el testigo señaló que "los agentes sociales son los principales beneficiarios de la formación y que ésta es una forma de lucrarse aún más con las mismas. Bien es verdad que esto es un instrumento que utilizan más los sindicatos".

Todo ello, según CCOO-A, "sin hacer precisión de qué sindicato, por lo que incluye directamente a CCOO".

El día 15 de octubre, y según el escrito de CCOO-A, y también ante la juez, volvió a declarar que "sobre la comisión del 20 por ciento a la que nos referíamos con anterioridad no tiene constancia de que la CEA participara de este tema, a diferencia de los sindicatos".

Ya el 17 de octubre, y tras ser preguntado "en relación con los sindicatos CCOO y UGT" sobre "qué personas concretas tuvieron que abonar esa comisión y a qué entidad representaba", el testigo respondió que "no fueron ni una ni cinco ni diez veces, que fueron bastante y que ahora mismo no le puede significar un nombre concreto de entidad ni de persona". "En el presente caso, hace mención expresa y concreta a CCOO", apostilla el sindicato.

ALAYA SE OPUSO

CCOO-A explica que, como consecuencia de estos hechos, instó el correspondiente acto de conciliación previo --que terminó sin avenencia-- a la interposición de la querella "para la represión de las conductas descritas donde se interesará la pena correspondiente y la indemnización de daños y perjuicios que pudiera corresponderle por los daños morales derivados de tan graves calumnias, que fueron además publicitadas en los medios de comunicación tanto radiofónicos, audiovisuales, escritos y digitales de ámbito autonómico y nacional".

Por todo ello, pide a la magistrada que le conceda licencia para "deducir acción penal por un presunto delito de calumnias y/o injurias" contra Teodoro Montes.

Tras ello, la juez ha dictado una providencia, consultada por Europa Press, en la que da traslado a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de partes personadas para que se pronuncien sobre dicha petición en el plazo de cinco días.

Hay que recordar que, en noviembre de 2014, la juez Alaya negó la licencia a CCOO para querellarse por calumnias e injurias contra Teodoro Montes, ya que "la adecuada calificación de los hechos no sería la de delitos de injurias y calumnias, sino de conformidad con el artículo 456 del Código Penal", la de "acusación o denuncia falsa".

"Al respecto de dicho tipo penal, la imputación del hecho que de ser cierto sería constitutivo de infracción penal, debe realizarse por el autor con voluntad de faltar a la verdad", un requisito que, en el caso de Teodoro Montes, "no se cumple", pues "el afán del testigo es denunciar unos hechos que él estima reales porque los ha visto y vivido".

NO EXISTE "ATISBO ALGUNO DE DOLO FALSARIO"

Alaya consideraba que, "examinada la trascendencia, significado e intención de las manifestaciones efectuadas por el testigo, se vuelve a insistir que no se aprecia en el mismo, dentro de los prudentes márgenes de discrecionalidad que la jurisprudencia permite en estos casos, atisbo alguno de dolo falsario, es decir, que sus manifestaciones se hayan realizado con expreso conocimiento de la falsedad de las mismas".

Por el contrario, la juez Alaya asevera que Teodoro Montes realizó dichas manifestaciones "en virtud de las experiencias que le ha proporcionado su larga trayectoria" en el área de Formación, "y en concreto del resultado de algunas de las visitas efectuadas por él mismo a centros de la entidad solicitante y en el ejercicio de sus competencias como jefe del Departamento de Gestión".

A ello se suma que, en este caso, "falta el requisito de procedibilidad para ejercitar acción penal" contra el testigo, ya que "no podría procederse contra el denunciante o acusador sino tras sentencia firme o auto también firme, de sobreseimiento o archivo del juez o tribunal que haya conocido de la infracción imputada", a lo que se suma que, según el artículo 215.2 del Código Penal, "nadie podrá deducir acción de calumnia o injuria vertidas en juicio, sin previa licencia del juez o tribunal que de él conociese o hubiese conocido".

Teodoro Montes, cabe recordarlo, fue detenido el pasado mes de julio por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional dentro de la segunda fase de la operación 'Edu'.