SEVILLA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM) ha remitido con carácter de "urgencia" una carta al ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, para que "resuelva de manera inmediata la petición realizada por la sociedad civil, grupos políticos, entidades sociales y demás colectivos" del indulto para María Salmerón, ante, señala, "su inminente ingreso en prisión, previsto para este miércoles".
Según un comunicado, el CAPM entiende que "podría darse el caso de que se proceda a su entrada en prisión antes de que se produzca la resolución de la petición del indulto, una mujer víctima de violencia de género que ha sido condenada por negarse a cumplir el régimen de visita de su agresor a su hija".
Por ello, el CAPM ha solicitado al ministro que tenga en consideración el pronunciamiento del Consejo de Ministros en funciones del pasado 5 de febrero, "en el que con las mismas circunstancias se otorgó un indulto parcial".
Junto a ello, el órgano representante del asociacionismo de mujeres en las políticas públicas de la Junta de Andalucía ha reclamado que "no se concedan regímenes de visita a los maltratadores, al tratarse de una situación de riesgo para las hijas e hijos". Se trata además de una petición que "va en la línea de las iniciativas incluidas" en la propuesta andaluza de pacto de Estado para la erradicación de la violencia de género, presentada por el Gobierno andaluz a finales del pasado año, añade la nota.
Dicho pacto, "impulsado ante el constante goteo de asesinatos, la falta de reacción por parte del Gobierno central y los recortes estatales de la última legislatura", plantea, según el CAPM, medidas "urgentes" de competencia estatal, tales como la suspensión del régimen de visitas a los hijos para las personas denunciadas o condenadas por maltrato; la reposición del presupuesto estatal en prevención y asistencia social, recortado durante los últimos cuatro años un 17 por ciento; el mantenimiento de la red de atención directa en todos los niveles territoriales, y la reactivación inmediata de la actividad del Instituto de la Mujer estatal.
El documento también propone el "restablecimiento" de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y la "inclusión" en las estadísticas oficiales de las víctimas indirectas (familiares, amistades y entorno más íntimo de las mujeres) para conocer el alcance real de esta lacra.
El texto cuenta con el respaldo del CAPM, que indica que ha presentado un total de 500 aportaciones a la propuesta inicial, "así como de varias comunidades autónomas, entre ellas Extremadura, Canarias, Asturias y la Comunidad Valenciana", concluye.
