El Gobierno defiende la eficacia de sus medidas y pide a la Junta "no crear inseguridad jurídica"

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   SEVILLA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

   La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha defendido este viernes las medidas contra los desahucios impulsadas por el Gobierno central y aprobadas por las Cortes Generales, como "la forma más equilibrada y eficaz de ayudar a las familias" y ha pedido al Gobierno andaluz que "impulse políticas sociales que ayuden a los colectivos más desfavorecidos sin crear inseguridad jurídica".

   En un comunicado, Crespo ha destacado que el Gobierno de España fue el primero en legislar contra los desahucios, "siendo sensible a la difícil situación que atraviesan muchas familias españolas y andaluzas como consecuencia de la crisis económica".

   Ha pedido a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que "actúe conforme a la moderación que se desprende de su discurso público e impulse políticas sociales que, sin crear inseguridad jurídica, ayuden a mejorar la situación de las familias y los colectivos más desfavorecidos".

   Según ha recordado la delegada, en el primer año de legislatura, el Ejecutivo español impulsó "un primer paquete de medidas urgentes para paliar los efectos del estallido de la burbuja inmobiliaria y ayudar a las familias que no podían hacer frente a sus hipotecas".

   Posteriormente, según ha añadido, el Gobierno nacional promovió en las Cortes una ley antidesahucios, actualmente vigente, que contempla "medidas destinadas a proteger a los más débiles y reequilibrar las posiciones entre deudores y entidades financieras, con respeto a la legislación europea y a los derechos constitucionales".

   Ha expuesto las medidas incluyen "la paralización de los procesos de desahucio por dos años cuando las familias se encuentran en riesgo de exclusión social", además de un código de buenas prácticas al que se han adherido la mayor parte de las entidades bancarias, posibilidades de renegociación de la deuda, limitación de los intereses de demora y creación de un banco de viviendas para familias desfavorecidas.

   En este sentido, Crespo ha recordado que el Gobierno de España ha puesto a disposición de las familias andaluzas más desfavorecidas un total 859 viviendas a través del Fondo Social de Vivienda y ha pedido al Gobierno andaluz que, por su parte, ofrezca a las familias en riesgo de exclusión el parque de viviendas vacías de la empresa pública EPSA.

   A juicio de la delegada, las medidas del Gobierno empiezan a dar sus frutos y ya hay datos que indican que los desahucios están bajando a niveles anteriores a la crisis. La delegada ha citado como ejemplo el caso de la provincia de Sevilla donde, según el informe anual del decanato de los juzgados, los desahucios registrados en 2013 se situaron por debajo de los registrados en 2007. Así, el año pasado hubo en la provincia un total de 1008 desahucios, frente a  los 1.126 de 2007; 1.221 de 2008; 1.446 de 2009; 1.440 de 2010 y 1.308 de 2011.

   Por otra parte, Crespo ha explicado que, tal y como se informó en su día,  el Gobierno acordó en diciembre recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley antidesahucios de la Junta en base a un dictamen del Consejo de Estado y por considerar que dicha ley "afecta al contenido esencial del derecho a la propiedad, que es una normativa reservada a las Cortes, prevé sanciones para los propietarios de vivienda contrarias al principio de presunción de inocencia constitucionalmente recogido en el artículo 25 de la Constitución  e impone una regulación a nivel regional que vulnera la igualdad de todos los españoles".

   Crespo ha aludido también a la "preocupación" que han suscitado en la UE las medidas de la Junta de Andalucía y ha recordado la carta remitida en su día por la Comisión Europea al Gobierno de España avisando de "las posibles consecuencias" de la medidas antidesahucios de la Junta, en la que se advertía de que "además de crear inseguridad jurídica, podrían hacer aumentar las dudas sobre el mercado inmobilidario español y reducir el interés de los inversores".