La Diputación ciñe su "decisión" sobre las oposiciones de bombero al "pronunciamiento judicial" pendiente

Los bomberos de Carmona en uno de sus servicios
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Publicado 11/01/2019 16:44:08CET

SEVILLA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Después de que los grupos del PP y Participa en la Diputación de Sevilla reclamasen información por escrito sobre las oposiciones promovidas para cubrir en turno libre 61 plazas de bombero, y en un contexto en el que la Fiscalía ha archivado la investigación incoada por la posible filtración de las preguntas del examen inicial y el 16 de enero se celebrará la primera vista por los recursos interpuestos contra la anulación de dicho examen, el Gobierno provincial socialista ha respondido a Participa que su "decisión" sobre este conflicto está sujeta al esperado "pronunciamiento judicial".

Así queda de releve en la respuesta del Gobierno provincial a la pregunta escrita de Participa, un documento recogido por Europa Press y en el que la institución detalla que la decisión de la Fiscalía de archivar la citada investigación penal "no afecta en principio" a los litigios promovidos por la vía Contencioso Administrativa contra la anulación del examen en cuestión y la idea de repetir la prueba.

A tal efecto, recuerda la Diputación que el 16 de enero se celebra la primera vista judicial correspondiente a tales litigios, toda vez que "la decisión del equipo de gobierno vendrá dada por el contenido del pronunciamiento judicial".

Hablamos del conflicto que pesa sobre las oposiciones promovidas por la Diputación de Sevilla para cubrir en turno libre 61 plazas de bombero vacantes en su plantilla, cuya primera prueba se celebró el pasado 3 de marzo de 2018 con un examen tipo test.

En dicha prueba firmaron su examen 834 aspirantes, superando 212 de ellos la nota de corte, toda vez que tras alertar el presidente y el secretario del tribunal de la oposición de posibles "anomalías" en los resultados, la Diputación decidió anular la prueba y elevar el asunto a la Fiscalía.

EL DECRETO DE LA FISCALÍA

Y es que entre las 65 primeras calificaciones de la prueba figuraban, según un decreto de la Fiscalía recogido por Europa Press, "opositores que habían desempeñado o desempeñaban trabajo de bombero como funcionarios interinos; aspirantes incluidos en la bolsa de trabajo de la Diputación y dos hijos de un funcionario del área del Servicio de Bomberos", señalando la empresa especializada DARA en un informe la "alarmante coincidencia" en las respuestas de estos 65 opositores a un grupo concreto de preguntas de la prueba.

No obstante, la Fiscalía ha archivado la investigación de la prueba, porque "ni el presidente, ni el secretario ni los vocales del tribunal (entre ellos miembros del cuerpo de bomberos) percibieron que alguno de ellos fotografiara las preguntas, se llevase papeles o grabara lo hablado en la reunión" en la que fue confeccionado el test de aquella prueba inicial, ni media "relación entre las preguntas comunmente acertadas por los aspirantes" considerados como "sospechosos" y "la identidad del autor de las mismas".

EL "ESTUDIO DE RIESGOS"

"Es decir, se da un número elevado de aciertos en preguntas elaboradas por los denunciantes (miembros del tribunal) e incluso preguntas contestadas de forma incorrecta y que habían sido confeccionadas por vocales del tribunal pertenecientes al cuerpo de bomberos", indica la Fiscalía, zanjando además que el "estudio de riesgos" encargado a la compañía DARA sobre la prueba se centró en los exámenes de los 65 aspirantes considerados como "sospechosos", cuando se le debió solicitar un análisis de los exámenes de todos los opositores, "pues era la única forma de lograr un informe pericial objetivo, general e imparcial".

Dado el archivo de la investigación, los bomberos interinos que concurrieron a este concurso oposición reclaman la revocación de la decisión de anular la prueba inicial del 3 de marzo, frente a lo cual la Diputación viene defendiendo que ha seguido en todo momento "las indicaciones" de sus servicios jurídicos, manteniéndose a la espera de la resolución del litigio contencioso administrativo promovido por los opositores contra dicha decisión.

Al respecto, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Sevilla tenía fijada para octubre la primera vista destinada a abordar el recurso, si bien la misma fue aplazada al próximo 16 de enero.

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