SEVILLA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
Una representación del colectivo de ex mineros de la extinta filial de Boliden 'Andaluza de Piritas S.A.', que explotaba la mina de Aznalcóllar (Sevilla) siniestrada en 1998, se ha reunido hoy con el viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, el el viceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Jesús María Rodríguez, y el delegado provincial de la Consejería de Empleo, Antonio Rivas, para "concretar" los términos del acuerdo alcanzado con el Gobierno andaluz para dar empleo a estas personas.
El portavoz del colectivo, Juan José Fernández, informó a Europa Press de que en el encuentro, los dirigentes de los ex mineros han solicitado a los mandatarios de la Administración andaluza "concreciones" en cuanto a "qué puestos de trabajo reales, qué contratos, categorías y salarios" baraja la Junta de Andalucía para recolocar a los miembros del colectivo, que el pasado viernes obtuvieron la promesa del presidente andaluz, Manuel Chaves, en cuanto a su reubicación, medida inmediata para 44 de los 73 afectados.
En ese sentido, explicó que ambas partes trabajan conjuntamente para aclarar cuántos de los ex mineros serán declarados incapacitados, en cuyo caso serán "complementados" económicamente en lugar de optar a la recolocación. "Necesitamos cosas más concretas", dijo. De cualquier manera, ambas partes han acordado un nuevo encuentro para el 15 de abril al objeto de seguir avanzando en la negociación, según explicó Juan José Fernández.
El acuerdo propuesto el viernes recoge la incorporación de 22 personas de este colectivo de forma "inmediata" en la Empresa de Gestión Medioambiental (Egmasa) y en la compañía minera 'Cobre Las Cruces' (CLC) y en unos 30 o 45 días se recolocarían otros 22, destinándose cuatro a Egmasa y el resto a la empresa minera. También, se ofrece un plan de bajas incentivadas de 60.000 euros para todos aquellos que quieran desvincularse de los acuerdos.
Se recoge el inicio de un proceso de baja por incapacidad para seis o siete personas, garantizando la percepción del 75 por ciento de la base reguladora, además de contemplar la posibilidad de una posible aplicación de los coeficientes de la minería. En este marco, si alguna persona quedara sin colocación en dicha fecha se le garantizarían las rentas y se le aplicarían políticas de empleo.
