Familia del niño asfixiado por una papelera acusa a la Junta de "no dar la cara" tras un informe de su asesoría

SEVILLA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La abuela del niño de tres años fallecido en 2006 por asfixia al introducir la cabeza en una papelera de un colegio de Sevilla Este aseguró hoy que fue la propia familia del menor la que se puso en contacto con el Grupo municipal Popular para pedir auxilio ante la "incompetencia" de la Junta de Andalucía, administración a la que acusó de "no dar la cara".

En declaraciones a Europa Press, Dolores Matador reaccionó a las declaraciones de la portavoz de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, Maribel Montaño (PSOE) --que acusó al PP de "utilizar" a las personas para lograr "fines políticos"--, señalando que a la familia "no la ha buscado nadie" y que, de hecho, siguen con su lucha después de que un informe de la asesoría jurídica de la Junta de Andalucía reconozca responsabilidad de la administración.

Matador, en este sentido, criticó el hecho de que el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), "utilice los medios políticos que tiene para decir que va a arreglar los colegios", instándole en este sentido a la retirada de las papeleras "asesinas" que, junto a la vida de su nieto Luis, también se cobró en 2005 el fallecimiento de otra menor en Salamanca.

La abuela del niño, al respecto, comparó la situación con la del caso Mari Luz, pues "si ese señor hubiera estado en la cárcel nada habría pasado, y si los profesores hubieran estado en el recreo, tampoco habría ocurrido nada".

Y es que, según su versión, los docentes "estaban de charla, preparando una fiesta y sin prestar atención en un patio que estaba baldío". La prueba, continuó, está en que su nieto contaba, según la autopsia, con tres marcas moradas en el cuello, "señal de que pateó y se asfixió hasta la muerte sin que nadie lo socorriera".

En este sentido, la familia hace alusión al informe, aportado a la vía civil abierta en el caso --una vez que la penal fue archivada--, y en el cual se reconoce la responsabilidad del personal del centro y, por ende, de la administración.

En dicho informe, al que ha tenido acceso Europa Press, se informa sobre la existencia de un nexo o causalidad "directa y necesaria" entre el daño producido y la conducta de la administración. "El tiempo --transcurrido en el fallecimiento-- y el número de profesores y alumnos presentes en el patio en el momento de producirse los hechos resultan esenciales para apreciar una falta en el deber de vigilancia casi equiparable a la ausencia del profesor", continúa el documento.

Y es que, según la asesoría jurídica de la administración autonómica, no queda acreditado que el personal presente desplegara "toda la diligencia necesaria para prevenir el daño", toda vez que se reconoce que transcurrieron "al menos" tres o cuatro minutos entre que el menor metió la cabeza y su muerte, mientras la familia trata de demostrar que fue más tiempo.