Gaesco pide ante el TS la nulidad de la supresión de las ayudas del Plan Estatal de Vivienda

SEVILLA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La patronal sevillana de la construcción, Gaesco, ha presentado ante la sala tercera del Tribunal Supremo un recurso contencioso administrativo donde pide la nulidad de ciertos artículos del real decreto sobre el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, donde se suprimen las ayudas a los compradores de vivienda protegida, un recurso que ha sido admitido a trámite por el TS.

Según ha informado el presidente de Gaesco, Miguel Rus, esta decisión se ha tomado por la junta directiva de la patronal sevillana, toda vez que el real decreto ley, aprobado en diciembre de 2010, "afecta al Plan Andaluz de Vivienda", ya que "se reducen las ayudas y subvenciones al promotor y urbanizadores y se suprimen totalmente las ayudas a los compradores", oscilando éstas últimas entre 5.000 y 12.300 euros.

De esta forma, dicha supresión "afecta de lleno al esfuerzo económico que deben efectuar las familias para poder acceder a una vivienda protegida, pues hacen sus cuentas y sus números contando con esas ayudas, y ahora se las van a suprimir", han criticado Rus, quien ha lamentado que dicha supresión tenga además un carácter retroactivo, de manera que "se han cambiado las reglas del juego enmedio del partido", algo que afecta "a las clase más desfavorecidas, como familias o jóvenes que optan a vivienda protegida".

Asimismo, ha lamentado la reducción de ayudas a los promotores de vivienda protegida, lo que les va a obligar a "rediseñar muchas promociones, algunas habían pasado de ser vivienda libre a VPO, y que ya están visadas y a punto de ser ejecutadas, además de suprimir muchas promociones en desarrollo", de manera que "será imposible cumplir los objetos del Plan Andaluz de Vivienda". El plan de Vivienda contempla para 2011 y 2012 23.400 viviendas en venta en Andalucía y más de 16.000 viviendas para alquiler.

"Se está produciendo un daño en el sector irreparable", ha agregado Rus, para el que es "incomprensible" dicha decisión del Gobierno, que "no tiene justificación ni razón alguna", y ha recordado que "se ha disminuido un 75 por ciento la actividad en relación con lo previsto". Ha agregado que la actividad inmobiliaria sobre VPO "será anecdótica" y ha augurado un "ajuste brutal del sector superior al 50 por ciento".

Ha agregado que Gaesco se opone a la reducción y supresión de ayudas "tanto en la forma como en el contenido", ya que "no han esperado a que termine el Plan Estatal 2009-2012 para efectuar una modificación tan trascendente, suprimiendo esas ayudas durante la vigencia del actual plan", de forma que "nos quitan seguridad jurídica para nuestra actividad". "No se cumple el compromiso político y social de facilitar vivienda a un precio razonable", ha agregado.

"No podemos seguir con esa situación de incertidumbre", ha apuntado Rus, quien ha recordado que ante esta reducción y supresión de ayudas estatales, la Junta de Andalucía "debe cumplir lo comprometido en la ley de Derecho a la Vivienda y asumir el pago de esas ayudas a los compradores, al igual que han hecho comunidades como Extremadura".

En ese sentido, tras apuntar que la Junta "debe dar un paso al frente y comprometerse", Rus ha apuntado que tras esa petición, por el momento no está teniendo respuesta concreta por parte del Gobierno andaluz, al que le he transmitido su preocupación, aunque están esperando su contestación y ha recordado que Andalucía "es la comunidad donde más VPO se construye".

El dirigente empresarial ha advertido de que si se suprimen las ayudas, ello supondrá "el fin de la VPO" y supondrá para este año la paralización de 15.000 viviendas, casi todas en venta, que ya tienen la calificación provisional, que suponen una inversión de 2.000 millones de euros y no se podrán generar los 40.000 empleos previstos para este año en Andalucía en estas promociones.

Por su parte, el gerente de Gaesco, Manuel Sillero, ha explicado que el recurso que se ha presentado ha sido admitido a trámite por la sala tercera del TS, tras lo que el Gobierno tiene de plazo 20 días para aportar el expediente administrativo correspondiente al real decreto impugnado, donde aporte la documentación de todos los procedimientos seguidos para la redacción y aprobación del real decreto, aportando argumentaciones, tras lo que Gaesco tendría otros 20 días más para formalizar la demanda.

ARGUMENTOS JURÍDICOS

Sillero, quien ha destacado el valor estratégico del plan estatal "tanto a largo plazo como a corto plazo", que se ve alterado por dicho decreto ley, ha lamentado el carácter retroactivo de la supresión de las ayudas del decreto ley, de forma que "muchos compradores han adquirido una VPO y ahora ven cortadas las ayudas".

Entre las líneas argumentales que esgrime el recurso contencioso administrativo de Gaesco, Sillero, que recuerda que hay algunos artículos que están acordados con el sector, expone que "aunque algunos artículos del Plan sí se pueden modificar, el Gobierno intenta modificar, de manera imprevista, ciertos artículos que no tiene autorización expresa para ser inhabilitados y no se pueden cambiar".

Asimismo, apunta que "el Plan contempla que se pueden modificar su contenido con carácter excepcional y siempre en función de la situación del mercado y la existencia de financiación, pero en este caso el real decreto modifica hacia el lado opuesto, sin efectuar justificaciones, y al sentido inverso a como se debería actuar, pues si hay más restricción al crédito deberían mantenerse las ayudas".