Los grandes proyectos industriales y urbanísticos requerirán de un informe vinculante sobre impacto en la salud

SEVILLA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta acordó hoy iniciar los trámites del anteproyecto de Ley de Salud Pública, una norma que podría ver la luz a comienzos de 2011 y que obligará a que los "grandes proyectos urbanísticos e industriales" tengan que pasar un informe vinculante sobre su posible impacto en la salud de las personas, en especial en aquellas empresas que, por su actividad, contaminen más.

En la habitual rueda de prensa al término de la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera de Salud, María Jesús Montero, precisó que la futura norma recoge, como principales novedades, el que en la construcción de las viviendas o los edificios "no se utilicen materiales que supongan un riesgo para la salud" --como por ejemplo ocurría antaño con el amianto para el aislamiento de viviendas--, además de que para la puesta en marcha de actividades de tipo industrial "se garantice un perímetro de seguridad" para la ciudadanía.

Como contrapartida para estas empresas, Montero esbozó que el Gobierno andaluz está trabajando en la creación de incentivos y "exenciones fiscales" para aquellas que realicen planes de autocontrol, auditorías voluntarias o implementen de modo propio medidas de protección de la salud "que vayan más allá de esta norma".

Por parte de la administración, detalló que la futura ley recogerá como derechos "de última generación" el que los organismos públicos establezcan estrategias de movilidad sostenible, tales como el uso de la bicicleta, para lo que se hace necesario contar con carriles bici que garanticen este transporte con seguridad, y la promoción del transporte público, lo que permitirá controlar mejor las emisiones contaminantes.

En el mismo apartado de las administraciones se incluye, además, el derecho a obtener información sobre las características esenciales de los productos alimentarios y sobre las materias, condiciones y elementos necesarios para su producción, distribución y comercialización. Es decir, conocer toda la cadena de producción de un producto desde que se obtiene la materia prima hasta que se pone a disposición del consumidor --la trazabilidad del mismo--.

También se recogen como derechos del usuario el de conocer y tener acceso a la información y resultado de las inspecciones, investigaciones o estudios llevados a por la autoridad sanitaria. El derecho a tener información sobre salud y orientación sexual y garantizar el acceso a la píldora postcoital en el marco de una norma con rango de ley.

Entre las obligaciones recogidas en el texto normativo para las personas destacan la de no causar voluntariamente un peligro para la salud, así como la de poner en conocimiento de la autoridad sanitaria cualquier situación que pueda constituir una emergencia pública.

SANCIONES Y CREACIÓN DE NUEVOS ORGANISMOS

El anteproyecto establece, además, sanciones que oscilarán entre los 600 a los 600.000 euros para aquellos casos en lo que se ocasione perjuicio a terceras personas en temas como el hábito de fumar o las enfermedades de trasmisión sexual.

Para el control, vigilancia, seguimiento y desarrollo de estas estrategias se crearán, en el marco de la nueva ley, una Agencia, un Centro de Investigación y un Observatorio de la Salud Pública de Andalucía.

El trabajo de la Agencia de la Salud Pública, que tendrá que ser aprobada por el Consejo de Gobierno a los seis meses de la entrada en vigor de la ley, se centrará en ofrecer una respuesta a las necesidades de la población. El Centro de Investigación, por su parte, desarrollará las competencias científico-investigadoras, así como el desarrollo tecnológico e innovación en materia de salud pública.

Mientras, el Observatorio, que tendrá que estar operativo al año de vigencia de la ley, se creará como un órgano colegiado de carácter consultivo que analizará la situación de la salud y sus factores determinantes.

Montero explicó que este anteproyecto de ley tiene como fin pasar de una sanidad que se sustentaba en la respuesta pura y dura a las enfermedades, a un posicionamiento más de anticipación y promoción del bienestar de las personas.