SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Andalucía rechazó los Presupuestos Generales del Estado planteados para 2011, toda vez que "la indudable racionalidad económica del plan de austeridad decae si, en lugar de recortar los gastos improductivos, se reducen precisamente aquellas inversiones productivas que más efecto multiplicador consiguen, más influyen en el crecimiento y el empleo y mejor actúan en la eliminación de rigideces estructurales y en favor de la modernización del país", por lo que rechazó la "tremenda reducción en la inversión pública".
En una nota, el colegio considera que el ajuste económico decidido por el Gobierno en mayo, a consecuencia de las decisiones adoptadas por la Unión Europea para acelerar y garantizar la convergencia de todos los países de la Eurozona, "es una medida acertada y necesaria para poner coto a la crisis y adquirir bases firmes sobre las que establecer el futuro crecimiento económico que nos devuelva a los estándares de desarrollo anteriores a la recesión".*
No obstante, los ingenieros de caminos, canales y puertos, en su "doble condición de profesionales de la obra pública y participantes en la industria de construcción de infraestructuras", considera que "la indudable racionalidad económica del plan de austeridad decae si, en lugar de recortar los gastos improductivos, se reducen precisamente aquellas inversiones productivas que más efecto multiplicador consiguen, más influyen en el crecimiento y el empleo y mejor actúan en la eliminación de rigideces estructurales y en favor de la modernización del país, que ha de encaminar ahora sus esfuerzos hacia actividades de alto valor añadido para llenar el hueco abierto por la caída, en parte irreversible, de la construcción residencial".* Por ello, ha reconocido que ha asistido con "estupor" a la publicación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011, "que destina a inversión pública en infraestructuras tan sólo 14.639,71 millones de euros, lo que representa una reducción del 31 por ciento de los 21.240 millones programados para 2010".
Ha lamentado que la caída "es ocho veces mayor que la rebaja del 3,88 por ciento que se aplicó a esta partida en el proyecto inicial de presupuestos para el año en curso".
A su juicio, estas restricciones "debilitarán y producirán un grave quebranto a las empresas constructoras y empresas consultoras de ingeniería, generarán una notable pérdida de empleo --no menos de 100.000 parados más, entre técnicos y operarios--, impulsarán la emigración forzosa de muchos ingenieros y, lo que es más grave, dificultarán el retorno de la economía española a la senda del crecimiento".*
Consideró "especialmente sensible" la pérdida de capital humano que representará la pérdida de técnicos en España, toda vez que "si se piensa que la formación de un ingeniero de caminos requiere un mínimo de diez años, se entenderá que el daño que se puede causar a la productividad española forzando el paro o su marcha al extranjero es importante y de difícil reparación".
"Los ingenieros somos conscientes de la gravedad de la coyuntura y de la dureza del ajuste, que debe preservar ante todo los grandes servicios públicos y los sistemas de previsión, pero estamos convencidos de que el ahorro que se persigue con el recorte del plan de infraestructuras podría conseguirse mediante una reducción del gasto corriente de las diversas administraciones, que en el pasado han duplicado con frecuencia y hasta triplicado prestaciones y servicios y han sostenido actividades incompatibles con la administración sensata de los recursos públicos", aseveró. * Asimismo, aseguró que los ingenieros de caminos "nos negamos a aceptar la idea de que la austeridad necesaria debe arrasar los verdaderos motores del dinamismo económico del país, exigimos al Gobierno imaginación y capacidad resolutiva para orientar el proceso de consolidación fiscal, de tal modo que se preserven los sectores más dinámicos de la economía, al tiempo que se racionaliza el gasto público con criterios de eficiencia y productividad".
Además, advirtieron de que "el quebranto que puede causarse a la ingeniería española si no se reconsidera la situación no sólo empeoraría la coyuntura sino que dificultaría el retorno de este país al grupo de cabeza de los países desarrollados".