25 de febrero de 2020
 
Actualizado 17/01/2008 19:37:53 CET

IU pide "sanción ejemplar" para Educación por incumplir la ley de igualdad con interinas embarazadas en Málaga y Sevilla

SEVILLA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario IULV-CA, Concha Caballero, exigió hoy al Gobierno andaluz que imponga "una sanción ejemplar" a la Consejería de Educación "por el despido de al menos ocho mujeres que han sufrido o sufren complicaciones en sus embarazos" en Málaga y Sevilla.

En un comunicado, Caballero recuerda que "el Estatuto de Autonomía establece en su artículo 167 que los poderes públicos han de garantizar que las mujeres no sean discriminadas por causas de embarazo o maternidad y que la Ley de Igualdad, recientemente aprobada, considera estas acciones una discriminación tipificada que debe ser corregida y sancionada".

"Es realmente lamentable que el protagonista de esta discriminación sea la propia administración andaluza y, además, la consejería de Educación que se supone debería tener una proyección más social si cabe en sus acciones", opinó.

La portavoz de la coalición de izquierdas aseguró, tras ponerse en contacto con representantes sindicales del colectivo de interinos, que se conocen al menos un caso en Málaga y siete en la provincia de Sevilla, como publica hoy El Correo de Andalucía.

Ante el temor de que sean muchos más los casos habidos, pero no denunciados, pidió al Gobierno andaluz que "encabece cuantas investigaciones hagan falta para saber cuántas mujeres han sufrido esta discriminación".

"Esperamos de la Junta de Andalucía una reacción ejemplar e inmediata de modo que se compense a estas mujeres por el daño moral y profesional que han sufrido, que se les readmita en sus puestos y se les reconozca públicamente todos sus derechos", apostilló.

Asimismo, Caballero animó a todas la mujeres que han sufrido algún tipo de discriminación por su embarazo o maternidad a que acudan a los tribunales de justicia con la garantía de contar con el respaldo jurídico de la Ley de Igualdad y que busquen el amparo del Defensor del Pueblo, quien, según el Estatuto de Autonomía, tiene encomendado el cumplimiento de los derechos sociales recogidos en esta norma.