SEVILLA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Grupo Parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, y la portavoz de Fomento y Vivienda, Inmaculada Nieto, han acusado este miércoles al Gobierno de la Nación de "engañar" al Tribunal Constitucional (TC) "amañando" un informe de la Sareb que después ha sido modificado por la propia sociedad con la intención de que se suspendiera la ley de la función social de la vivienda de la Junta de Andalucía.
En rueda de prensa, ambos portavoces han explicado que van a pedir al Gobierno andaluz, a través de una proposición no de ley (PNL), que denuncie ante el TC "que la Abogacía del Estado ha presentado un informe con datos falsos en el procedimiento de inconstitucionalidad" de la 'ley antidesahucios' y que, por tanto, tome esto en consideración "a los efectos oportunos en cuanto a la posible retirada de la suspensión cautelar" de la normativa.
Según han expuesto, uno de los informes en los que el Tribunal Constitucional se apoyó para aceptar el recurso del Gobierno de Rajoy contra la norma andaluza "fue un informe de la Sareb en el que afirmaban que tenían 911 VPO en Andalucía", algo que modificó a posteriori "cuando supo del expediente sancionador" que la Consejería de Fomento le abrió por no haberle notificado la existencia de este número de viviendas. Así, pasó de decir que tenía 911 viviendas protegidas a tan solo 98, "diez veces menos".
Por eso, IULV-CA también quiere instar a la Junta a que, a través de sus servicios jurídicos, "se pongan también estos hechos en conocimiento del TC a fin de que el mismo adopte la resolución que corresponda" a la luz de la "falsedad y el engaño" del informe del 'banco malo'.
Sobre todo, según ha insistido Nieto, porque "quizás sin ese informe avalado por datos falsos no tendríamos la ley recurrida" y en Andalucía se podrían estar evitando a día de hoy los desahucios que, tal y como ha reconocido Castro, "se siguen produciendo desgraciadamente".
"Es muy duro para Andalucía saber que el Gobierno de la Nación la maltrata, pero más duro es aún saber que tenemos un Gobierno de la Nación que es un mentiroso", ha sentenciado Castro para advertir de que estamos ante "un fraude" de un Ejecutivo central que, "además de demostrar una falta total de recursos políticos" porque todo lo resuelve llevándolo al TC, "utiliza la falsedad de datos para sustentar el recurso de inconstitucionalidad". "Ya todo el mundo debe saber de hasta dónde es capaz de llegar el PP para defender sus intereses", ha remachado.
Nieto también ha criticado que la Abogacía del Estado se hiciera eco de un informe "de parte", es decir, procedente de "una sociedad anónima que defiende los intereses de accionistas e inversores privados" y no de los ciudadanos.
Por ello, y tras insistir en que "la suspensión de la Ley vino únicamente a garantizar sus beneficios", ha deseado que al TC llegue esta información que están denunciando públicamente para que la tenga en cuenta cuando se vaya a pronunciar sobre el fondo del asunto.
"Aparte de todas las consideraciones políticas y de falta de ética y de vergüenza política del Gobierno, que incluso miente ante el Tribunal Constitucional para parar una ley, entendemos que hay que hacer algo más", ha añadido para justificar esta proposición no de ley.
