SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
IULV-CA ha presentado un total de 75 enmiendas parciales al proyecto de Ley de Presupuestos andaluces de 2016, que suponen modificaciones por importe de 1.383 millones de euros.
Así lo ha expuesto en rueda de prensa la portavoz adjunta del grupo parlamentario de IULV-CA, Elena Cortés, quien ha detallado que se ha presentado una enmienda de ingresos; 46 enmiendas de gasto, y 28 enmiendas al texto articulado del proyecto de Ley. Cabe destacar que Izquierda Unida plantea que 670,2 millones de fondos carentes de personalidad jurídica se destinen a la futura banca pública de Andalucía.
En defensa de las enmiendas, Cortés ha señalado que suponen "un compromiso con Andalucía, un compromiso con la izquierda, con el feminismo y con la movilización social del pueblo andaluz para conseguir justicia social". Se ha mostrado convencida de que "son las enmiendas que necesita este presupuesto" y que se puede articular una mayoría en el Parlamento andaluz para que salgan adelante.
Ha vuelto a criticar que las cuentas de la Junta para 2016 contemplen una reducción de 120 millones de euros a cuenta de la bajada del IRPF y confía en que el PSOE-A y Ciudadanos (C's) "recapaciten" para poder usar ese importe para mejorar las condiciones materiales de vida de la gente. "Todos los grupos estamos manteniendo reuniones con colectivos ciudadanos que nos trasladan que están viviendo una realidad durísima, así que renunciar a que este dinero pueda destinarse a mejorar las condiciones de vida de estas personas, es un ejercicio de responsabilidad política", ha agregado.
De otro lado, sobre el grupo de trabajo creado entre el PSOE-A y C's para abordar una modificación en el impuesto de donaciones y sucesiones, Cortés ha criticado que es "dramático" que cuando el Parlamento y el Gobierno están abordando la Ley de Presupuesto, "la más importante que puede cambiar las condiciones duras de vida del pueblo andaluz", ambos partidos estén "enzarzados en cómo agujerar el sistema de financiación de la comunidad autónoma, en lugar de ver cómo se resuelven los problemas de la gente, cómo se genera empleo o cómo se combate la pobreza y el riesgo de exclusión". De esta manera, ha reiterado la necesidad de abordar en un Pleno específico en enero la reforma fiscal y la financiación.
CONTENIDO DE LAS ENMIENDAS
Izquierda Unida ha presentado un conjunto de enmiendas para incrementar en 132,5 millones la dotación para la educación pública, apuntando que ello se detraería de los 745,4 millones que la Junta destina a conciertos educativos privados. Entre estas enmiendas, destacan, 82,9 millones más para escuelas infantiles o 28 millones para dotar de profesores ciclos formativos.
De otro lado, ha planteado enmiendas para aumentar en 80 millones la dotación de la sanidad pública, lo que se detraería de los 137 millones que la "Junta destina a conciertos sanitarios privados". Destacan en este apartado los 35 millones para mejora en infraestructura y equipamiento de hospitales y centros de salud.
De otro lado, Izquierda Unida plantea en sus enmiendas un aumento en 387,2 millones en transferencias a los ayuntamientos (230 millones para planes de empleo; 85 millones de aumento en la Patrica; 33 millones para programas municipales para menores en riesgo de exclusión social, y 30 millones para investigación y desarrollo). Plantea detraer el dinero de lo que se destina a Andalucía Emprende.
Asimismo, plantea un aumento de 120 millones en el capítulo de ingresos, que procederían de la no reducción de ingresos por IRPF, en referencia al acuerdo entre PSOE-A y Ciudadanos sobre una bajada de dos puntos en 2016 en el tramo autonómico para rentas de hasta 60.000 euros.
Otras enmiendas de Izquierda Unida se refieren a un aumento de 14 millones en el Plan andaluz de la bicicleta, lo que se detraería del presupuesto previsto para el tranvía de Alcalá de Guadaíra, y a tres millones para la puesta en marcha del Banco público de tierras.
En cuanto a las modificaciones que propone al texto articulado de los Presupuestos, se refieren, siguiendo recomendaciones de la Cámara de Cuentas, a la obligación del Gobierno de informar al Parlamento, por un lado, de los gastos comprometidos por colaboración
público-privada y, por otro, de una posible no disponibilidad de crédito, o a la eliminación de la excepcionalidad que permite a directivos de empresas públicas cobrar más que la persona titular de la Presidencia de la Junta.