SEVILLA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
Las familias que habitan sin relación contractual alguna las viviendas de renta libre correspondientes a los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, propiedad de 'Ibercaja', han manifestado este viernes que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento hispalense celebrarán el 5 de marzo un encuentro para debatir sobre el destino de estas personas, a cuenta del desalojo forzoso ordenado por el Juzgado de Instrucción número tres.
El auto judicial que decretaba el "desalojo forzoso" de las viviendas, según el cual las fuerzas de seguridad del Estado serían movilizadas si el sábado de la semana pasada no era cumplida la orden de desalojo, había sido objeto de acciones por parte de las familias y de la Junta de Andalucía. Las familias recurrieron el mencionado auto, pidiendo además la suspensión de su ejecución hasta la resolución del propio recurso. La Junta de Andalucía, de su lado, solicitaba suspender el desalojo hasta que las administraciones públicas "garanticen alternativas a las familias para que no se vea vulnerado su derecho a la vivienda".
En respuesta al escrito de la Junta, según informaba a Europa Press Granada Santos, delegada territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda, el Juzgado accedió a aplazar "cinco días" la ejecución forzosa de la orden de desalojo, tras lo cual las administraciones negociarían supuestamente el reloajo de las familias en unas viviendas de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), previo paso por unas viviendas protegidas propiedad del Ayuntamiento hispalense.
Irma Blanco, una de las portavoces del colectivo de familias, ha manifestado a Europa Press que ambas administraciones se reunirán el 5 de marzo, entendiendo que la orden de desalojo forzoso se encontraría congelada porque el escrito de la Junta de Andalucía reclamaba ampliar el plazo previo al desalojo para que las administraciones negociasen precisamente una solución.
VIVIENDAS OCUPADAS DESDE 2012
Estamos hablando del colectivo de familias que habita sin relación contractual alguna el bloque de viviendas de nueva construcción y renta libre ubicado en los números dos, cuatro y seis de la avenida de las Juventudes Musicales, cuya propiedad ostenta 'Ibercaja' a través de la sociedad inmobiliaria 'Residencial Murillo'.
Las viviendas en cuestión fueron ocupadas en mayo de 2012 por estas familias alegando su difícil situación socioeconómica y la necesidad de contar con un techo y el conflicto, a lo largo de todos estos meses, ha contado con una vertiente sociopolítica, pues el asunto ha sido debatido en los plenos del Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla con diversas movilizaciones y hasta un festival de rock, y un plano judicial derivado de la denuncia promovida por la titularidad de las viviendas, a cuenta de la usurpación de las mismas.
Las familias esgrimen que su reivindicación no es otra que contar con alquileres sociales para habitar estas viviendas a cambio de cuotas ajustadas a su situación socioeconómica, mientras 'Ibercaja' ha puesto sobre la mesa su programa de respaldo al alquiler de viviendas 'Llaves solidarias", incluido en su obra social para facilitar el acceso a la vivienda de alquiler a familias con dificultades para acceder a este mercado.
LA 'CORRALA UTOPÍA'
Si bien en la primavera de 2013 mediaba un principio de acuerdo entre estas familias y la propiedad del edificio para realojar en otras viviendas a las familias que acreditasen un estado de verdadera "necesidad", extremo que motivó entonces que 'Ibercaja' solicitase la suspensión de su petición de desalojo forzoso, dicho pacto no llegó a buen puerto a excepción del caso de cinco familias que sí se acogieron a los términos del acuerdo. Mientras ambas partes se acusaban mutuamente de incumplir los términos del pacto, la propiedad de las viviendas reactivó su petición de desalojo forzoso.
Entretanto, el Juzgado de Instrucción número tres había ido tomando declaración a todos los miembros del colectivo de familias por un presunto delito de usurpación, instando en todos los casos al desalojo voluntario de las viviendas. Finalmente, esta instancia judicial notificaba un auto ordenando el "desalojo forzoso" de las viviendas. El auto, recogido por Europa Press, exponía que si en un plazo de 15 días no mediaba el "abandono" efectivo de las viviendas, se cursaría oficio a las fuerzas de seguridad del Estado para dar cumplimiento a la orden.
