MADRID/SEVILLA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Senado ha recibido un escrito del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Marchena (Sevilla), que se interesa por la condición de aforado del senador socialista Antonio Casimiro Gavira Moreno, ex alcalde de Mairena del Alcor, a cuenta de su papel como presidente de la comisión gestora constituida en la agrupación socialista de Arahal, después de que fuesen denunciadas supuestas irregularidades en las cuentas de la estructura local del partido.
Según ha informado el vicepresidente primero de la institución, Pedro Sanz, el Senado ha remitido como en otras ocasiones este escrito al Tribunal Supremo, para que sea este tribunal el que responda al juzgado sevillano. Este procedimiento es consecuencia del aforamiento de los senadores: sólo pueden ser investigados por el Supremo, de manera que cuando su nombre aparece en una causa seguida por un juzgado inferior, éste debe cerciorarse oficialmente de que están aforados y remitir el asunto el alto tribunal.
DESVÍO DE 14.000 EUROS
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Marchena, en concreto, indaga un supuesto gasto sin justificar de 14.000 euros en la agrupación socialista de Arahal por parte de Fernando Chaves, hermano del expresidente andaluz Manuel Chaves; del ex secretario de Administración de la agrupación socialista de Arahal José Antonio López; y del ex secretario de Organización Rafael Serrano.
La denuncia contra ellos tres partió del ex presidente del PSOE de Arahal, Fernando Cabrera, quien en paralelo fue suspendido de militancia en el PSOE a cuenta de supuestas prácticas "desleales" hacia el partido.
A cuenta de este conflicto, el PSOE designó una comisión gestora presidida por Casimiro Gavira Moreno, al objeto de reconducir la agrupación socialista de Arahal. El propio Antonio Casimiro Gavira Moreno manifestaba por aquel entonces a Europa Press que las cuentas de la agrupación socialista de Arahal habían sido "fiscalizadas en la propia agrupación seis meses antes de la presentación de la denuncia" y que habían pasado "todos los mecanismos de control".
Según manifestaba, incluso propio Fernando Cabrera, el denunciante de las presuntas iregularides, "firmó el libro de actas de la sesión en la que se validaron, como secretario".
