Ley Antitabaco.- Editado un manual que ofrece al ciudadano 85 preguntas y respuestas sobre la nueva norma

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La editorial malagueña Arguval ha publicado el manual '¿Dónde se puede fumar?', una guía en la que el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo recoge las 85 preguntas y respuestas más habituales que está generando la nueva Ley Antitabaco, que entró en vigor el pasado 1 de enero.

En declaraciones a Europa Press, la abogada de Cremades & Calvo-Sotelo y coautora del manual Mariola Ruiz señaló que la elaboración de esta obra responde "tras constatar que esta nueva norma deja bastantes conceptos en la ambigüedad", lo que, a su juicio, "ha hecho que la sociedad dude y se haga muchas preguntas en torno a dónde se puede y no se puede fumar".

En este sentido, explicó que "hemos tratado de englobar todas las preguntas que una persona normal y corriente, sea o no fumador, se puede plantear a raíz de la entrada en vigor de la ley", por lo que aseguró que el manual "es un reflejo de la multitud de dudas que ha generado esta norma".

Así, aseguró que las preguntas que más frecuentemente se hace el ciudadano es si está o no permitido fumar en el centro de trabajo o si es posible la entrada de menores en los bares donde está permitido fumar, "aspectos estos que la ley no deja muy claros", según dijo.

Respecto a cómo han de regular las empresas el tiempo que destinan sus trabajadores a fumar, informó de que "la ley no dice nada al respecto, por lo que tendrán que ser las mismas empresas las que lo determinen" y admitió que "en este campo puede generarse un conflicto entre el que fuma y el que no fuma".

Según aseveró Ruiz, la Ley Antitabaco "deja ambiguos bastantes conceptos" y agregó que "al haberse publicado tan rápidamente, a las comunidades autónomas, con la excepción de las Islas Baleares y del País Vasco, no les ha dado tiempo a sacar sus propia normativas reglamentarias".

En esta línea, señaló que "una de las consecuencias de lo anterior es que hay comunidades, como Madrid, que han decidido no aplicar las sanciones hasta que aprueben su propia normativa de desarrollo". "Es deseable que exista una unidad de criterio en la aplicación de la ley, principalmente por razones de seguridad jurídica", concluyó.