SEVILLA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
La junta de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este viernes una modificación presupuestaria por importe de 5.392.998 euros, al objeto de inyectar dicha cuantía a la sociedad mixta Mercasevilla, participada por el Consistorio, la empresa estatal Mercasa y la Asociación de Mayoristas de Fruta, Verduras y Hortalizas, restablecer su "equilibrio patrimonial" e impedir que incurra en "causa de disolución".
La operación deriva de la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que condena a Mercasevilla a abonar a la empresa constructora Sando unos 8,9 millones de euros por incumplir los términos del contrato firmado en 2005 con dicha sociedad, que demandó al mercado central de abastos por no poder explotar unas parcelas que le fueron adjudicadas al no contar las mismas con acometidas eléctricas. Dado que los intereses de demora sumarían más de 1,5 millones de euros, la cuantía a abonar a Sando se elevaría a más de once millones de euros, según el propio Ayuntamiento, socio mayoritario de Mercasevilla.
Aunque la empresa ha decidido recurrir ante el Tribunal Supremo la mencionada sentencia, debe aprovisionar el dinero de la condena, toda vez que además de los 5,4 millones de euros aportados por el Ayuntamiento, la sociedad estatal Mercasa abonará el dinero restante hasta los once millones. Una vez aprobada esta modificación presupuestaria en el seno de la junta de gobierno, la misma será debatida y votada en un pleno extraordinario convocado para el próximo martes, toda vez que al día siguiente el asunto será analizado en el seno del consejo de administración de Mercasevilla, convocado a tal efecto.
En la convocatoria de dicho consejo de administración, según informaban a Europa Press fuentes de la empresa, figura de hecho el debate de la "situación económica y patrimonial" de la sociedad.
"SALVAR" MERCASEVILLA
Carmen Castreño, concejal delegada de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Sevilla, primera teniente de alcalde y presidenta de Mercasevilla, ha defendido que el propósito de esta maniobra es "salvar la compañía y, por tanto, evitar su disolución, al tiempo mantener su titularidad y gestión públicas".
"Se ha realizado un gran esfuerzo buscando en todas las partidas del presupuesto y sin afectar a servicios esenciales, de forma que se han conseguido los recursos necesarios para la aportación municipal este año", señala Castreño. "Tras la última sentencia contraria, teníamos dos opciones: o dejábamos que la empresa se disolviera o hacíamos lo posible por salvarla. Y este gobierno tiene muy claro que su voluntad es salvar este servicio público", ha apuntado la delegada de Relaciones Institucionales, Economía y Comercio.