SEVILLA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Gobierno municipal de PSOE e IU-CA en el Ayuntamiento de Sevilla, Maribel Montaño, consideró hoy que el director general de la sociedad pública Mercasevilla actuó "de manera correcta" al sugerir a las partes un precio inferior en una operación de compra venta de un puesto del mercado central de mayoristas, porque aunque tal aspecto implicaba una rebaja en las percepciones de la empresa en conceptos de cánones, sólo intentaba "favorecer el negocio" entre las mencionadas partes.
En rueda de prensa, Maribel Montaño censuró a la Asociación de Mayoristas de Pescados y su "grabación ilegal" de la reunión en la que las partes interesadas en una operación de compraventa de un puesto alegaban ante Maymó dificultades para asumir el canon del 30 por ciento fijado por la empresa para este tipo de traspasos parciales, pues en concreto se trataba de una operación en la que los propietarios de una sexta parte de uno de los puestos aspiraban a adquirir dos nuevas partes hasta hacerse con el 50 por ciento.
Dada la transcripción de la conversación protagonizada por Maymó entre las partes, a las que habría propuesto rebajar el precio de la operación para reducir así también la imposición del 30 por ciento que debe cobrar Mercasevilla, la portavoz del Gobierno municipal advirtió de que el director general intentaba "favorecer un acuerdo sin tocar el canon", recordando que las partes de la operación habían alegado dificultades a la hora de afrontar el canon en los términos iniciales de la compra venta. Así, recordó que durante esta negociación también propuso Maymó "facilidades" para que la cuantía del canon fuera abonada "a lo largo del tiempo".
Por eso, consideró que "no hay ninguna actuación reprochable" a Jordi Maymó, dado que el director general de Mercasevilla actuaba en favor de la "salvaguarda" de la empresa para que el puesto en cuestión no quedase "vacío". En ese sentido, censuró la "grabación ilegal" de la conversación practicada supuestamente por el abogado de la Asociación de Mayoristas de Pescados y recordó que entre un comprador y un vendedor, "el precio que acuerden es libre".
EL EXPEDIENTE Y SU ENTREGA AL JUZGADO
De otro lado, y dada la advertencia del PP en cuanto a que el Gobierno municipal no habría remitido aún al juzgado de Instrucción número seis el expediente del pliego de condiciones del concurso público mediante el que Mercasevilla adjudicó a la constructora Sando los suelos de su mercado central, operación investigada por la mencionada instancia judicial, Montaño contradijo tal extremo y aseguró que la documentación fue remitida el 19 de octubre.
En concreto, durante el pleno celebrado el 16 de octubre el Gobierno municipal anunció que remitiría al Juzgado de Instrucción número 6, que investiga esta operación y el supuesto intento de cobro de comisiones ilegales por parte de los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, el expediente 114/05 relativo al pliego de condiciones que reguló dicho concurso público y que, según el PP, contiene "una firma falsa". Al respecto, recordó la portavoz del Gobierno municipal que la operación actualmente investigada al haber fallado a favor de la oferta menos ventajosa contó con "el acuerdo de todos los grupos" con representación en el pleno y los organismos y empresas municipales en 2005; PSOE, PP, PA e IU-CA.
Así, esgrimió un documento fechado el 19 de octubre y con registro de entrada en el citado juzgado ese mismo día en el que la coordinadora general del Área de Coordinación del Ayuntamiento, María Dolores Osuna, certifica la remisión del expediente "adjunto" a la juez Mercedes Alaya por orden del concejal de Presidencia y Urbanismo, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.
Finalmente, Montaño respondió a las críticas del PP asegurando que el Gobierno municipal no ha dictado "ningún tipo de indicaciones" a la consultora especializada 'Deloitte' en cuanto a los plazos de la auditoría externa que dicha empresa realiza en las cuentas generales y el estado de Mercasevilla, al tiempo que aseguró que el resultado de la auditoría será entregado a la titular del juzgado de Instrucción número seis, Mercedes Alaya, una vez la consultora culmine su labor.