SEVILLA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario Podemos Andalucía ha abierto recientemente una nueva vía para denunciar los "recortes" que el Ejecutivo andaluz está aplicando en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), a través de la figura de las unidades de gestión clínica (UGC), las cuales trasladan la responsabilidad de aplicar la "austeridad" a los profesionales de la sanidad, "vinculando el cumplimiento de objetivos de gasto inalcanzables a retribuciones variables de productividad".
Según ha informado Podemos en una nota de prensa, hasta la fecha más de una treintena de concejales de diferentes candidaturas de unidad popular ya han comprometido el registro de una moción en sus respectivos ayuntamientos que insta al Gobierno andaluz a "no ligar las retribuciones vía productividad de los profesionales al cumplimiento de objetivos que hagan dudar de la correcta asistencia a los pacientes, y abstenerse de utilizar la UGC como ejecutoras de su política de recortes en los servicios sanitarios públicos".
En el ámbito de las UGC, el documento exige que estas unidades recuperen el sentido para lo que fueron creadas, es decir, "mejorar la práctica clínica y la satisfacción de pacientes y profesionales, así como eliminar los objetivos anuales que pongan en riesgo la correcta asistencia a los pacientes".
Finalmente, el texto de la moción, elaborado en colaboración por el grupo parlamentario Podemos y el Circulo de Salud de Andalucía, solicita también al Ejecutivo de Susana Díaz "recuperar el nivel de servicios sanitarios acorde con una atención sanitaria de calidad" de forma que se garantice "la seguridad clínica" de los pacientes, en especial durante los meses de verano, mediante la adecuada dotación de personal.
Según ha explicado el portavoz parlamentario de Salud de Podemos, Juan Antonio Gil, las UGC han sido utilizadas por el Gobierno andaluz como "un producto de marketing con titulares como que en Andalucía no hay recortes en Sanidad porque gracias a estas unidades se consiguen ahorros que permitían mantener el nivel de servicios".
No obstante, los datos revelan que "desde la implantación de las UGC se han perdido cerca de 9.000 efectivos sanitarios, se ha precarizado a los más débiles (los eventuales) con contratos de corta duración al 75 o 50 por ciento, y el gasto sanitario por habitante ha caído al más bajo de toda España", condiciones que han generalizado "el descreimiento de los profesionales sanitarios" en las UGC como instrumento de mejora de su práctica clínica.
En este sentido, el parlamentario de Podemos ha lamentado la inexistencia de una cultura de evaluación de políticas ni de medidas organizativas por parte de las administraciones españolas y andaluzas, las cuales "han sustituido la información por la propaganda para la utilización partidista de la sanidad pública", por lo que ha solicitado una evaluación del cumplimiento de los objetivos de las UGC basada en sistemas de información independientes que acrediten su contribución real a la mejora del SAS.
