Advierte a Cortés que "si ha podido paralizar 1.500" ejecuciones hipotecarias ha sido "gracias a la moratoria" del Gobierno
SEVILLA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -
La vicesecretaria de Territorio y Medio Ambiente del PP-A, Alicia Martínez, ha señalado este viernes que si "el Gobierno andaluz, con 32.000 millones de euros de presupuesto para 2013 no es capaz de solucionar el problema de 18 familias que tienen un problema de desahucios, realmente esta comunidad autónoma no merece la pena".
Así ha contestado Martínez a los medios de comunicación que, en rueda de prensa, le han preguntado si el PP-A apoyará la moratoria a la banca reclamada formalmente por el Gobierno andaluz mientras el Tribunal Constitucional se pronuncia acerca del recurso interpuesto por el Ejecutivo central, contrario al decreto ley antidesahucios de la Junta.
La 'popular' ha criticado la "inflexibilidad" demostrada ayer jueves en la Comisión de Fomento y Vivienda tanto por PSOE-A e IULV-CA al no aceptar ninguna de las 82 enmiendas presentadas al proyecto de Ley de medidas sobre la función social de la vivienda y ha lamentado que, en vez de apoyar las medidas de su partido para dar solución "inmediata" a estas familias en riesgo de desahucio, ambas formaciones hayan preferido "excusarse en moratorias o en sentencias del Tribunal Constitucional" en lugar de coger la "mano tendida" que le prestaba el PP-A.
En este sentido, y tras avanzar que el PP-A votará en contra de este proyecto de Ley en el trámite parlamentario final para su aprobación, ha reprochado al "bipartito" que ayer rechazara, tal y como pedía su formación, la creación en el plazo de un mes de un fondo "con cantidades y recursos destinados a ayudar" a familias en riesgo de desahucio. Es decir, a familias como las 18 que, hasta la suspensión cautelar dictada por el TC, se habían acogido al decreto ley antidesahucios de la Junta.
Ha sido entonces cuando Martínez, parafraseando la ya célebre frase del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, sobre Europa, ha dicho que si "el Gobierno andaluz, con 32.000 millones de euros de presupuesto para 2013, no es capaz de solucionar el problema de 18 familias que tienen un problema de desahucios, realmente esta comunidad autónoma no merece la pena". Y ha añadido: "Le pedimos a la Junta que no se excuse en moratorias o en sentencias del Tribunal Constitucional. Que esas 18 familias y las que tengan situación de emergencia inmediata tienen que tener la respuesta inmediata del gobierno".
Además, la 'popular' ha criticado que durante antes se hayan "destinado cantidades imperdonables de dinero en casos como los ERE o Invercaria" o para "las prioridades del Gobierno andaluz", pero no para "las familias desahuciadas", por lo que ha exigido a la Administración autonómica que deje de "mentir" a los andaluces con este tema y que se dedique a proteger realmente la función social de la vivienda con medidas como las del Gobierno de la Nación.
En ese sentido, ha querido recordar a la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, de que si ha podido paralizar en Andalucía unos 1.500 deshaucios ha sido "gracias a la moratoria y a las medidas" aprobadas por el Ejecutivo central, no por el decreto antidesahucios de la Junta.
OTRAS CRÍTICAS
Martínez ha aprovechado esta comparecencia ante la prensa para reiterar que la Junta se niega a ser "transparente" en materia de vivienda y, por tanto, rechaza la creación de un registro público sobre las viviendas públicas de alquiler, así como la de un registro de viviendas privadas, sean éstas de bancos o de particulares que quieran ponerlas en alquiler.
Asimismo, ha advertido a Cortés de que la Junta debe unos "50 millones" de euros en ayudas al alquiler entre las que adeuda a inquilinos y a propietarios y que, pese a ello, "prefieren seguir buscando excusas" durante los próximos cinco meses en que estará paralizado el decreto antidesahucios y "confundiendo" a los andaluces "con otras medidas como la de la moratoria".
En su opinión, el Gobierno andaluz se está metiendo en una "espiral muy peligrosa" en la que no sólo está criticando la política de vivienda del PP y del Ejecutivo central sino que está "poniendo en duda el dictamen del Consejo de Estado", que es, en su opinión, el que ha elevado ante el TC el recurso contra el decreto ley de la Junta, no el PP.
