IU-CA pide en otra enmienda que pasen a un banco público de tierras gestionado por la Consejería de Agricultura
SEVILLA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
El PSOE-A ha presentado una enmienda al proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para 2015, que se tramita actualmente en el Parlamento, en la que plantea la posibilidad de que las corporaciones locales puedan adquirir tierras procedentes del extinto patrimonio del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA). Por su parte, sus socios de IULV-CA han presentado otra enmienda en la que reclaman directamente que esas tierras pasen a formar parte de un banco público de tierras gestionado por la Consejería de Agricultura.
En la enmienda socialista, a la que ha tenido acceso Europa Press, se propone una modificación del artículo 35 de la Ley de Reordenación del sector público de Andalucía, en el que se indica que las tierras, bienes y derechos propiedad del IARA no ocupados por terceras personas podrán destinarse a potenciar actuaciones que permitan su puesta en valor, mediante la cesión a entidades públicas para fines de interés general o enajenación a entidades públicas o personas físicas y jurídicas de carácter privado.
El PSOE-A va más allá al plantear en la enmienda que las tierras destinadas al uso agrícola, y los bienes y derechos inherentes a las mismas del extinto IARA --actualmente adscritos a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural-- que no se encuentren en posesión de terceros por cualquier título jurídico serán "objeto de enajenación a favor de entidades asociativas agrarias a través de un procedimiento que garantice la igualdad, concurrencia y publicidad en la adjudicación y que serán objeto de desarrollo reglamentario".
Se añade además que las corporaciones locales en cuyo término municipal radiquen las citadas tierras podrán adquirirlas "con preferencia respecto a cualquier otra entidad, abonando el precio de las fincas.
El precio de enajenación, según plantea el PSOE-A en la enmienda, será el determinado mediante la correspondiente tasación pericial por parte de la administración enajenante.
Cuando las corporaciones locales ejerciten esa opción de adquirir las tierras y acrediten "el interés social de los fines a que pretendan destinarse los bienes, se reducirá su precio de enajenación en un 30 por ciento respecto a su valor de tasación", según se indica en la enmienda del grupo socialista, donde se añade que el precio podrá aplazarse hasta un máximo de 25 años desde la transmisión del bien, al tiempo que los títulos traslativos del dominio establecerán las garantías del precio aplazado.
IULV-CA PIDE EL BANCO PÚBLICO DE TIERRAS
Se da la circunstancia de que IULV-CA también ha presentado una enmienda al proyecto de Presupuestos sobre este asunto, en la que habla expresamente de la creación de un banco público de tierras gestionado por la Consejería de Agricultura.
Concretamente, Izquierda Unida propone una modificación del artículo 36 de la Ley de Reorganización del Sector Público, el cual señala que en tanto no se resuelva sobre el destino de las tierras propiedad del IARA no ocupadas por terceras personas, las mismas serán explotadas por la Consejería competente en materia de agricultura.
Izquierda Unida da un paso más con su enmienda al plantear que dichas tierras pasen a formar parte de "un banco público de tierras", que serán explotadas por la Consejería de Agricultura. Añade que el destino final será la "enajenación, o cesión a entidades públicas o cooperativas", según indique el resultado del proceso de diagnóstico para la planificación del uso social de la tierra y recoja la normativa de patrimonio agrario andaluz.
Como se recordará, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, se comprometió ante el Pleno del Parlamento en su discurso de investidura a impulsar "la creación de un Observatorio de Tierras" que sirviera como "herramienta fundamental para diagnosticar la situación actual de las tierras públicas andaluzas y su planificación para la explotación de oportunidades y generación de empleo en el medio rural".
La creación del Observatorio de Tierras es una de las principales exigencias de IULV-CA a su socio de gobierno, el PSOE-A, y ya ha reclamado en el Parlamento que la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural inicie "los trabajos de diagnóstico" previstos en el programa de planificación del uso social de la tierra, en relación a la creación de un banco público de tierras.
En el último Debate sobre el Estado de la Comunidad celebrado a mediados de septiembre, Díaz no hizo referencia alguna a la creación del Observatorio de Tierras, pero sí incluyó la Ley Integral de Agricultura entre las seis normas que se comprometió a remitir al Parlamento "en breve plazo".
