Reclama que también se evalúe la consecución de objetivos por parte del Estado
MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha defendido este miércoles que los fondos que se destinan a las comunidades autónomas para las Políticas Activas de Empleo deben llegar "a tiempo" para que, de ese modo, las regiones puedan cumplir con los objetivos de las mismas.
El responsable andaluz ha hecho esta petición en la Conferencia Sectorial de Empleo que se ha celebrado esta tarde en Madrid y después de conocer que en el reparto de los fondos se tiene en cuenta el cumplimiento de los objetivos por parte de las comunidades autónomas.
El consejero está de acuerdo con que la distribución se realice en función de los resultados conseguidos --"para eso está la política, para cumplir objetivos", ha dicho--, sin embargo, cree que es "importante" que los recursos estén a disposición de los gobiernos autonómicos "con más premura" que la manifestada hasta ahora precisamente para que "los objetivos se cumplan adecuadamente".
En ese sentido, ha señalado que si la cantidad de los recursos se hace distribuyendo un 60 por ciento en función del nivel de paro y un 40 por ciento en virtud de la consecución de objetivos, sería deseable que las regiones tengan el dinero "a tiempo" y no como ocurrió en 2013 cuando, según el consejero, los recursos de 2013 no llegaron hasta el mes de diciembre. "Si no tenemos el dinero a tiempo, el cumplimiento de los objetivos se hace más difícil y, consecuentemente, viene menos dinero", ha explicado.
Además, el responsable de Empleo ha defendido que, de la misma manera que el reparto se une a la consecución de objetivos, es necesario que, a la hora de distribuir los recursos entre el Estado y las comunidades autónomas, se tenga en cuenta también el cumplimiento de la Administración General del Estado. "Si el Estado cumple menos que las comunidades autónomas, parte de ese dinero tendría que venir a las comunidades autónomas; que la distribución de los recursos sea horizontal y verticalmente", ha incidido.
De acuerdo a las previsiones, la Sectorial de este miércoles ha aprobado que Andalucía reciba en 2014 en torno a 270 millones de euros para Políticas Activas de Empleo, lo que supone un descenso del 9,2 por ciento con respecto a las cifras del año pasado y del 60 por ciento si se tienen en cuenta los 700 millones que recibía en 2011.
Para el consejero esa rebaja "no es satisfactoria", más si se tienen en cuenta las "actuales circunstancias de crecimiento económico y con las nuevas perspectivas". En ese sentido, considera que las previsiones del Gobierno central de crecer en torno a un 1,5 por ciento en 2014 y 2015 y habida cuenta de que "el principal problema que tenemos es el paro", deberían haber dado "margen" para hacer "un pequeño esfuerzo en Políticas Activas de Empleo".
Como ya hiciera a la entrada de la reunión, Sánchez Maldonado ha indicado que para la modernización de los servicios públicos de empleo, Andalucía recibirá en 2014 solo 3,2 millones de euros, frente a los 7,3 que recibió el año pasado y los 25 que recibía en el año 2011.
Sánchez Maldonado ha lamentado que se destinen esa cuantía tan baja a los servicios públicos y un total de 50 millones de euros a las agencias de colocación privadas --en cuyo reparto no entra Andalucía porque no firmó el protocolo de colaboración para la implantación de las mismas en la región al oponerse a lo que considera la "mercantilización" y "privatización" de los servicios públicos básicos--.
En su opinión, el Gobierno quiere imponer a las comunidades autónomas su "política de progresiva privatización" de los servicios públicos de empleo gratuitos, dando entrada a las agencias de colocación en la intermediación laboral. Y ello lo hace mientras reduce paulatinamente los fondos destinados a la modernización de los servicios públicos de empleo autonómicos.
De este lado, el consejero ha señalado que el Ministerio ha incluido el denominado 'incentivo por resolución de irregularidades' para estas entidades, que es un suplemento económico del 15 por ciento para estas empresas si denuncian irregularidades de los demandantes de empleo que puedan desembocar en una sanción. "Se trata de la pérdida temporal o definitiva de la prestación por un retraso (comúnmente conocido como sellar el paro)", ha mencionado. Por tanto, ha asegurado que el Gobierno andaluz "no va a ser cómplice de este intento de privatización de los servicios públicos de empleo, que tienen una clara carga ideológica que no compartimos".
