CAMAS (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía de Sevilla ha formulado denuncia contra el Ayuntamiento de Camas (Sevilla) a raíz del listado de 300 contrataciones 'a dedo' supuestamente realizadas por el Consistorio camero y comunicado por el Partido Social Centrista de Camas (PSCE), por considerarlas "fraude de ley", al atribuirles "presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias".
En concreto, y según la notificación de la Fiscalía, a la que tuvo acceso Europa Press, en las diligencias de investigación incoadas se acuerda mediante decreto formular denuncia ante el Juzgado de Instrucción Decano de Sevilla por presunto delito de prevaricación.
Según informó a Europa Press el portavoz del PSCE, Juan José Jurado, la decisión de llevar estos casos a la Fiscalía se produjo después de que en sesión plenaria de octubre de 2007 hiciera una serie de ruegos y preguntas "sobre cómo se hacían los procedimientos de contratación de 300 personas de cargos de confianza y distintas ocupaciones profesionales".
"Pedí en sucesivos plenos documentación sobre los listados de contratados y los procesos de selección, pero jamás me contestaron", lamentó Jurado, que señaló que el pasado 25 de julio, ante la ausencia de respuesta municipal, elevó una denuncia a la Fiscalía Anticorrupción; tras incoar expediente de investigación en el Consistorio y recopilar documentación, la fiscal Dolores Villalonga ha decidido formular denuncia.
El portavoz del PSCE recordó que la denuncia que interpuso en su día afectaba al equipo de gobierno en su totalidad --conformado por aquel entonces por nueve ediles de IU y dos del PP, número que quedó reducido tras las disidencias entre grupos de ediles en el seno de la federación de izquierdas y la salida de los populares del gobierno--, con la "máxima responsabilidad" del alcalde, Juan Pazos (IU) y varios concejales.
Por todo ello, Jurado pidió en el Pleno de hoy la dimisión del regidor camero, así como el cese del apoyo por parte del PSOE municipal --ahora en el gobierno-- al equipo de gobierno, "porque la obligación es la de denunciar los hechos, y si hay un fiscal que imputa, deben ser coherentes y responsables".