SEVILLA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
Un grupo de acreedores ordinarios de Contsa Corporación Empresarial --empresa declarada en suspensión de pagos-- criticaron los "graves retrasos y dilaciones" en los juzgados para resolver el convenio voluntario de acreedores, algo que se ha visto agravado por la "falta de juez en el juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla desde hace varios meses".
Fuentes de la sociedad Unión de Acreedores de Contsa SA indicaron a Europa Press que el pasado mes de septiembre esta sociedad formada por acreedores ordinarios presentó una propuesta de convenio voluntario de acreedores, auspiciada por el 60 por ciento de estos acreedores, mediante el cual pretenden evitar la liquidación de la empresa y hacerse con la gestión de la sociedad.
Explicaron que este convenio voluntario "aún no se ha resuelto", debido a que "no se resolvieron tampoco los procedimientos incidentales que se desarrollan de forma paralela al proceso concursal y todavía estamos en la fase de inventario, y ya llevamos ya dos años en esa fase del proceso concursal".
Por ello, mostraron su preocupación ante la "lentitud" en la resolución del proceso concursal, algo que s ha visto agravado por el hecho de que "la titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 se ha marchado, dejando sin dictar sentencia sobre esos procesos paralelos".
Los acreedores pidieron a los jueces que "resuelvan lo antes posible para poder abrir la fase de convenio", ya que, de lo contrario, "se puede perder inmuebles y pueden empezar las ejecuciones hipotecarias sobre los inmuebles y bienes de Contsa, por lo que podríamos no recuperar toda la inversión".
Recordaron en ese sentido que el plan de viabilidad contemplado en el convenio voluntario de acreedores es un plan "basado en su mayor parte en el alquiler de bienes y la puesta en valor de bienes inmuebles, que con el paso del tiempo van perdiendo valor, por lo que éstos se van a perder y se van a ejecutar".
"Quienes van a quedarse con esos inmuebles serán las entidades financieras, que son las que ostentan la titularidad de las hipotecas", añadieron las fuentes, que lamentaron que ante esta "dilación" del procedimiento "siguen corriendo las hipotecas de inmuebles, lo cual puede dar lugar a una posible pérdida del patrimonio de la sociedad y del valor patrimonial de dichos bienes".
De esta forma, alertaron de que "se puede dar la paradoja de que se empiecen a ejecutar los bienes sujetos a hipotecas a la que nos aprueben el convenio, en cuyo caso nos encontraríamos con que no hay bienes con los que trabajar en el futuro".
Por ello, insistió en su petición a la administración de Justicia para que "acelere el proceso lo más posible y se entre en fase de convenio, para poder generar beneficios", por lo que esperan que en breve se produzca el nombramiento del nuevo titular del Juzgado de lo Mercantil 1 de Sevilla, donde "hoy por hoy no hay titular, solo una junta".
El pasado mes de septiembre un grupo de acreedores ordinarios de Contsa Corporación Empresarial --empresa declarada en suspensión de pagos-- presentó un convenio voluntario, suscrito por 700 acreedores que representan más del 60 por ciento de los créditos ordinarios, con el que prevén recuperar hasta el 50 por ciento de los invertido y con el que pretenden evitar la liquidación de la empresa y hacerse con la gestión de la sociedad.
EL CONVENIO
Este convenio voluntario contempla un plan de viabilidad donde una sociedad anónima, Unión de Acreedores de Contsa SA --ya constituida-- formada por los propios acreedores, sería la que gestionara los activos para poder "recuperar al menos el 50 por ciento de la inversión en cinco años y evitar la liquidación de Contsa".
Las fuentes recordaron que con este instrumento en cinco años "seríamos capaces de poner en valor todos los activos de la sociedad, desarrollar el valor potencial de los activos de la sociedad, proteger el valor de los activos, evitar la pérdida de activos por acciones judiciales por impago de cuotas hipotecarias, generar ingresos de los activos y aportar caja al patrimonio actual de la sociedad, y venta ordenada de los activos inmobiliarios de la sociedad para que alcancen su mayor valor en el mercado.
Dicho convenio contemplaría pagar el cien por cien del importe de los créditos privilegiados, el 50 por ciento del pago de los créditos ordinarios y el uno por ciento del importe de los créditos subordinados. En el caso de los acreedores ordinarios, se daría un año de carencia, se pagaría el cinco por ciento del importe total en el segundo año, el 10 por ciento en el tercer año, el 15 por ciento en el cuarto año y el 20 por ciento del importe total al término del quinto año.
Contsa se declaró en suspensión de pagos en febrero de 2008 ante la caída del mercado inmobiliario unida a las fuertes restricciones del crédito existentes. El presidente de Contsa, José Salas, sigue en prisión por supuestos delitos que dejaron a su entidad con un déficit de 86.821.935,62 euros.