Vitalicio pide a los prejubilados de Mercasevilla que "acrediten su vivencia" como perceptores de rentas

Actualizado: sábado, 29 mayo 2010 13:54

El colectivo de trabajadores pre jubilados ha acordado iniciar una acampada para protestar por su situación

SEVILLA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La compañía de seguros Vitalicio, con la que la sociedad mixta Mercasevilla negoció las prestaciones acordadas en torno al expediente de regulación de empleo (ERE) consumado en 2007 en esta empresa participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, está remitiendo a los cerca de 40 trabajadores pre jubilados merced a este procedimiento, un documento en el que pide que sea acreditada su "vivencia" para figurar como perceptores de renta, si bien el abono de las prestaciones permanece aún en el aire al haberse desligado de ellas la Consejería de Empleo.

Se trata, según un documento recogido por Europa Press, de "declaraciones de vivencia" remitidas por la Unidad de Gestión de Colectivos de Rentas de Vitalicio a los pre jubilados de la sociedad mixta que, dada su adhesión ERE acordado en 2007, percibían prestaciones a través de esta entidad de seguros contratada a tal efecto. No obstante, cabe recordar que Vitalicio suspendió el abono de las prestaciones dado que, en la póliza en cuestión, figuraba la Consejería de Empleo como participante en la financiación de las pre jubilaciones y el departamento de Manuel Recio, finalmente, se ha desligado de este compromiso.

De hecho, la sociedad mixta Mercasevilla afronta un pasivo de más de nueve millones de euros a consecuencia de los costes de las pre jubilaciones acordadas en virtud del ERE de 2007, porque aunque en la póliza figuraba la Consejería de Empleo como agente participante en el pago de las prestaciones, la Administración autonómica niega tal extremo.

CONTRATOS PRÉSTAMO

Por eso precisamente, los cerca de 40 trabajadores pre jubilados merced al ERE de 2007 cobran actualmente sus prestaciones mediante contratos de préstamo mensuales que Mercasevilla les hace firmar, al objeto de percibir sus nóminas en concepto de préstamo, bajo un compromiso de reintegro del importe y sin que suponga un reconocimiento de derechos adquiridos.

Así, en este "contrato de préstamo" también recogido por Europa Press, el trabajador en cuestión renuncia "al derecho a exigir próximos préstamos" por parte de Mercasevilla e incluso desiste de emprender "reclamaciones" ante la empresa por las partidas impagadas, dado que se atribuye la obligación de abonar las nóminas precisamente al Banco Vitalicio y se refleja el "incumplimiento" de la Consejería de Empleo en cuanto a los compromisos adoptados en torno a estas prestaciones.

Las declaraciones "de vivencia" remitidas por la división de seguros del Banco Vitalicio, de cualquier manera, responden al "cumplimiento" de este trámite por parte de este colectivo de pre jubilados en su "calidad de perceptores" de renta y para "seguir" con el abono de estas prestaciones, que paradójicamente se encuentran suspendidas.

LA FINANCIACIÓN DEL ERE

La sociedad mixta Mercasevilla, como se recordará, cerró 2009 con pérdidas por valor de 4.123.666 euros, según las cuentas formuladas por el consejo de administración, que acordó entonces una reducción de capital de cara a una ampliación de aproximadamente 1,2 millones de euros. La financiación de las prejubilaciones implicadas en el ERE, en ese sentido, constituye el mayor problema económico de esta empresa investigada tanto por un supuesto intento de cobro de comisiones ilegales, como por posibles irregularidades en la enajenación de los suelos del mercado central y delito societario.

La auditoría externa elaborada por la consultora 'Deloitte' sobre sus cuentas generales, no obstante, había reflejado que aunque la documentación incluía alusiones a la participación de la Consejería de Empleo en la financiación del ERE de 2007, no quedaba recogida la firma de ninguno de sus representantes legales en tales aspectos. No obstante, el comité de empresa esgrime el contenido de un documento fotocopiado que supuestamente vincularía a la Administración autonómica con el abono de estas prestaciones, caso que sigue negando el Gobierno andaluz.