MÁLAGA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Ayuntamiento de Málaga aprobó hoy instar al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, y en particular a la Dirección General para la Sostenibilidad de la Costa y el Mar, a que, en el marco establecido por la Ley de Costas, permita las concesiones de chiringuitos en la zona de dominio público marítimo-terrestre.
En una moción urgente presentada por el Partido Popular, que contó con el apoyo del PSOE y la abstención de IU, se le demanda también que, al igual que la Junta de Andalucía, se reconozca el chiringuito como "elemento singular, que por su naturaleza exige ser ubicado en la zona de dominio público marítimo-terrestre".
La concejala de Playas, Teresa Porras, afirmó que "la ley no dice que no puedan estar en la arena", y declaró que esta "amenaza continua" sobre los chiringuitos existe "desde que el PSOE está en el Gobierno central". "Los chiringuitos pueden ubicarse en el dominio público marítimo-terrestre en el marco establecido por la ley, tal y como se demuestra en las concesiones otorgadas a este Ayuntamiento en el año 2003 al amparo de la Ley 22/1988 de Costas y de su Reglamento, Real Decreto 1471/89", dijo la edil. "Son temas de interpretación y sólo el PSOE ha provocado este problema", subrayó Porras, al tiempo que añadió que los socialistas "dan una cara en Andalucía y otra distinta a partir de Despeñaperros".
Porras indicó que el Ayuntamiento es titular de 13 concesiones administrativas otorgadas en 2003 por el Ministerio de Medio Ambiente para la construcción y explotación de chiringuitos en la zona de dominio público marítimo-terrestre en las playas de Misericordia y San Andrés. Además, tiene solicitada desde 2004 la concesión administrativa para la construcción y explotación de otros 12 en La Caleta, La Malagueta y Guadalmar.
El portavoz socialista, Rafael Fuentes, declaró que es un sector que hay que apoyar por la importancia que tiene en el turismo malagueño, ya que "genera empleo y es un elemento singular de nuestra oferta". Reconoció, no obstante, la dificultad existente, en tanto que, como establece la Ley de Costas, "únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación".
Fuentes, que pidió la revisión de las 13 concesiones administrativas existentes, algo que fue rechazado por la concejala de Playas, ya que "no caducan hasta dentro de 12 años", contempló que se haga "todo lo posible" dentro de la flexibilidad de la ley, pero que no se autorice ningún chiringuito más en zona de dominio público marítimo-terrestre.
Por su parte, el portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes, incidió en que "la ocupación de la playa debe ser algo excepcional". De todos modos, aceptó la instalación de estos chiringuitos siempre que las concesiones cumplan los requisitos que establece la normativa y que sean sostenibles desde el punto de vista ambiental, algo que ya cumplen los equipamientos que se encuentran en el litoral.
Asimismo, la Junta sigue defendiendo el mantenimiento de los chiringuitos en las playas y aseguró que "nadie entendería" el litoral de Andalucía en general sin estos establecimientos turísticos, que son "una seña de identidad propia" del destino andaluz.
Desde el Ejecutivo andaluz insistieron en que, respetando los criterios ambientales y de garantía de uso público de las playas, se debe defender la conservación de estos espacios. De hecho, su presidente, Manuel Chaves, resaltó la importancia turística de este tipo de establecimientos y propuso ayer la constitución de una mesa de negociación entre el Gobierno, la Junta y los empresarios de playa afectados.
PERI DE FLEX
Por otra parte, el equipo de gobierno del PP sacó adelante, con la oposición de PSOE e IU, el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Flex, en la avenida de Velázquez, promovido por Inmuebles Belfasa, SLU, que comprende las instalaciones de Flex, que serán demolidas, y la manzana que forman la avenida de Velázquez y las calles Alcalde Joaquín Alonso y Cocherito y la plaza Avicena, con una superficie de 7.624 metros cuadrados.
El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, expuso que con esta actuación, en la que se cambia el uso de industrial a residencial, se dotará a esta zona de la ciudad de zonas verdes y equipamientos, y manifestó que "el PP es el único partido que se ha preocupado por mejorar la calidad de vida de Carretera de Cádiz, dotando a los barrios de parques, zonas verdes, espacios de recreo y equipamientos deportivos, culturales y sociales".
Por su parte, el portavoz municipal de IU anunció que solicitará a la Junta de Andalucía que recurra este acuerdo, ya que "hay condiciones de ilegalidad". Asimismo, Fuentes acusó al equipo de gobierno de apoyar a la iniciativa privada con la aprobación de este plan, que está "en contra" de la opinión de los vecinos de la zona y de un informe desfavorable de la Junta de Andalucía.