MÁLAGA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -
Guías e informadores turísticos de toda Andalucía pasearán mañana vestidos de negro por zonas históricas de Málaga capital para mostrar su protesta contra la directiva europea de servicios, que supone "un agravio" a la hora de acceder a la profesión, pues "se exige mucho más en relación con otros países", según aseguró la coportavoz del colectivo, Francisca Zanella.
Así, explicó en declaraciones a Europa Press que harán la representación de una pequeña visita turística pasando por distintos lugares de interés turístico de la capital malagueña, para estar sobre las 12.00 horas en la plaza del Obispo, frente a la Catedral, según aseguró.
Desde el colectivo solicitaron a la Junta de Andalucía que "haga lo máximo posible para preservar nuestros derechos" y exigieron en un comunicado que se mantenga el actual sistema de acceso a titulados universitarios para la habilitación de guías, "mediante la superación de pruebas de aptitud basados en los módulos de conocimientos" sobre determinadas materias.
Además, instaron a que las personas con conocimientos certificados por autoridades competentes de Europa que deseen realizar la actividad de guía en Andalucía "realicen ese mismo examen preceptivo con el fin de que todo europeo tenga idénticas posibilidades de acceso a la profesión".
Asimismo, pidieron el mantenimiento del artículo 24 del vigente Decreto de Agencias de Viaje, por el que las agencias "deben enviar un acompañante responsable del grupo turístico en cada autobús turístico, con la exigencia de que las visitas a los bienes históricos relacionados con el Catálogo General, la han de realizar guías de turismo habilitados legalmente e identificados con un carné o tarjeta en un formato y calidad de muy difícil falsificación".
En la actualidad, son unos 12.000 los trabajadores que se dedican a las actividades de guías de turismo, informadores turísticos, acompañantes de grupos turísticos y transferistas, los cuales "ven peligrar sus puestos de trabajo", por lo que tratarán de "impedir la imposición unilateral de la nueva normativa europea a un cambio en nuestra legislación que conlleve modificación de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras afectados".
