ZARAGOZA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Consumo del Gobierno de Aragón recibió el pasado año 20.776 solicitudes de consulta y reclamaciones en materia de telecomunicaciones, lo que supone el 17,48 por ciento de todas las recibidas por este organismo, por encima de los transportes y el conjunto formado por bancos, seguros y gestorías.

Estos datos se desprenden del "Estudio sobre la situación de las telecomunicaciones en Aragón", presentado esta mañana en Zaragoza, en la sede del Ejecutivo aragonés, por el director general de Consumo, Ángel Luis Monge.

Se trata del primer informe que se hace público en todo el Estado y se ha elaborado por varias razones. Además de ocupar el primer puesto en las reclamaciones a la Junta Arbitral de Consumo de la comunidad aragonesa, las telecomunicaciones han experimentado en las últimas fechas unos problemas de fusión que dificultan a los consumidores saber con qué compañía tienen el contrato y, por otra parte, están sometidas a una rápida obsolescencia por los continuos cambios técnicos y tecnológicos.

Ángel Luis Monge aconsejó a los usuarios que "a la hora de elegir una operadora tengan en cuenta no sólo el precio sino también el método para la resolución de conflictos y la atención al cliente". Este informe, que está disponible en la web de Consumo del Gobierno de Aragón (http://www.aragob.es/consumo), pretende ser "una hoja de ruta para el consumidor, para saber qué tienen que hacer cuando tienen un problema con una compañía", indicó Monge.

El documento incluye los pasos a seguir ante un conflicto en materia de telecomunicaciones según la compañía e incluye teléfonos de interés y los formularios para presentar ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) y la Junta Arbitral de Consumo de Aragón.

Según el director general de Consumo, se trata de un informe que "no es", sino que pretende "estar siendo", es decir, que se actualizará cada vez que sea necesario, y que evolucionará ante los acontecimientos.

La Dirección General de Consumo recibió el pasado año 907 solicitudes de arbitraje en materia de telecomunicaciones, que representan el 54,85 por ciento de todas las recibidas. De estas solicitudes, el 12,39 por ciento pertenecieron a teléfono fijo, 15,08 por ciento a internet y el 26,82 por ciento a la telefonía móvil. La mayoría de ellas se registraron por no estar de acuerdo con la factura o las trabas para darse de baja de un servicio.

En total, la Junta de Arbitraje de Consumo de Aragón, cuyos servicios son gratuitos, resolvió en 2006 por mediación 351 reclamaciones de telecomunicaciones y, por laudo, 263.

Por último, Monge recomendó a los usuarios varias directrices a la hora de contratar y reclamar servicios de telecomunicaciones. La primera de ellas, es la de no elegir una operadora sólo por las tarifas sino también por la prestación del servicio y que confíe en las empresas adheridas al sistema arbitral público y gratuito de consumo (de esta manera, se evita acudir a la vía judicial). Además, recomienda guardar toda la documentación para poder ejercer el derecho a revocar el contrato en caso de modificación de tarifas.

INCIATIVAS LEGISLATIVAS

La entrada en vigor el pasado 1 de marzo de la Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios, que se concreta en la Ley de Protección y Defensa de los Consumidores de Aragón, recoge novedades significativas en materia de telefonía, que eran demandas por los consumidores. Supuso el fin del redondeo en la tarifación, que a partir de entonces se realiza por segundos. Además, se prohibieron las cláusulas que establezcan plazos de duración excesiva o limitaciones que excluyan u obstaculicen el derecho del consumidor a poner fin al contrato.

Sin embargo, casi todas las operadoras que trabajan en Aragón han aumentado el establecimiento de llamada desde el día de la entrada en vigor de estos textos, excepto Yoigo y Carrefour, prácticas que fueron calificadas como "conscientemente paralelas" por Monge. El estudio incluye las tarifas de cada compañía antes y después de esta fecha.

La Ley de Protección y Defensa de los Consumidores de Aragón, aprobada a finales de 2006, establece que es obligatoria la exposición pública y visible de los precios y tarifas junto a los productos, bienes y servicios ofertados, informando de forma clara del precio final de adquisición o utilización.

Además, añade que el corte de suministro podrán hacerse cuando se tenga constancia de que al usuario se le ha hecho llegar notificación, con un plazo no inferior a 10 días hábiles para subsanar el motivo de las interrupción, y que ante una renuncia a un servicio, hecho de la manera procedente, la empresa deberá entregar al usuario un documento que acredite dicha renuncia.