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Cada centro aprobará un reglamento interno con las normas de convivencia y medidas correctoras y disciplinarias
ZARAGOZA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes, a propuesta del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, el proyecto de ley de Autoridad del Profesorado en Aragón, que otorga a los docentes la consideración de autoridad pública en el desempeño de sus funciones.
La consejera de Educación, Dolores Serrat, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el texto "iniciará hoy el trámite parlamentario", cuyo objetivo es tanto "reconocer y prestigiar al profesorado", como dar una "protección jurídica" al docente.
Serrat ha indicado que si un conflicto surgido en el ámbito escolar se judicializara, el profesor tendría un estatus especial y se otorgará "presunción de veracidad" a sus informes y documentación cuando se instruyan procedimientos por conductas contrarias a las normas de convivencia.
El nuevo texto legislativo establece el deber de colaboración de todas las instituciones, Administración y particulares "cuando un profesor en el ejercicio de sus funciones recabe información" de un alumno o de cualquier circunstancia relacionada con un conflicto.
La nueva norma será de aplicación en los centros educativos no universitarios de la Comunidad autónoma sostenidos con fondos públicos y precisa que el profesorado es un "pilar" sobre el que construir una "convivencia pacífica" en los centros, que garantice el derecho individual a la educación y aumente la calidad de la enseñanza.
MEDIDAS CORRECTORAS Y DISCIPLINARIAS
El proyecto de ley se apoya en el "principio del mínimo intervencionismo", ha dicho Serrat, de forma que "cada centro determinará su régimen de convivencia" a través de un plan de convivencia y contará con un reglamento de régimen interno, que fijará las normas que regulen la convivencia y las medidas correctoras y disciplinarias.
Éstas deberán ser siempre proporcionales a la gravedad de la conducta y tendrán que tener un carácter educativo y recuperador. La ley prevé que todos los centros docentes, públicos y privados elaboren el Plan de convivencia con las acciones para la mejorarla.
Cuando los hechos puedan ser constitutivos de delito o falta, se comunicarán al Ministerio Fiscal. El Gobierno de Aragón podría personase en caso graves, "aunque la ley no obliga a ello", ha dicho la consejera.
En casos de agresión física o moral, al margen de la responsabilidad legal, los alumnos deberán reconocer la responsabilidad de los actos y presentar excusas.
También estarán obligados a reparar los daños materiales que causen o hacerse cargo del coste económico, teniendo en cuenta que los padres o representantes legales siempre serán responsables civiles en los términos que establezca la legislación.
Dolores Serrat ha apuntado que estarán incluidas desde las faltas de respeto verbales hasta agresiones psíquicas y físicas en la conducta y las que puedan alterar la normal convivencia escolar y se deberán primar las medidas reeducativas y correctivas, frente a las sancionadoras, que se dejarán para "situaciones extremas".
Asimismo, se contempla el principio de responsabilidad y reparación de daños, que, en el caso de los daños materiales supondrá "repararlos" y que para los daños morales implicará que "con sus acciones deberán de responder pidiendo excusas", ha detallado Serrat.
RATIFICACIÓN
La consejera de Educación ha manifestado que muchas de las conductas ya están recogidas en la Carta de derechos y deberes de la comunidad educativa, para señalar que el plan de convivencia de cada centro tendrá que ser ratificado.
También ha expuesto que el ámbito de aplicación de la ley se extenderá a las horas extraescolares y complementarias o a hechos que se hayan producido fuera del recinto escolar, pero "directamente implicados" con la actividad escolar.
Como ejemplo, ha señalado que será de aplicación a un conflicto o enfrentamiento que pudiera producirse entre dos compañeros de clase, fuera del colegio, por un motivo escolar.
Dolores Serrat ha comentado que el proyecto de ley ya ha recibido el informe preceptivo, aunque no vinculante, del Consejo Escolar de Aragón, donde ha obtenido 26 votos a favor, ocho en contra y tres abstenciones. Al respecto, ha asegurado que "se han asumido la mayoría de las cuestiones" planteadas por el CEA, que "matizaban algunas cosas".
Además, ha sostenido que el texto desarrolla el principio de autoridad que ya recoge la Ley Orgánica de Educación (LOE) y se ha tenido en cuenta la Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa y las bases de las normas de convivencia en los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobada por decreto por el Ejecutivo aragonés en marzo de 2011.
