El Ayuntamiento de Huesca aprobará la cesión del matadero y la contratación del servicio público de transporte urbano

HUESCA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Huesca aprobará, el próximo lunes, 1 de diciembre, la cesión del servicio de matadero municipal y la contratación del servicio público de transporte urbano. A los trabajadores del matadero, a cuya gestión renuncia el Consistorio por no ser un servicio público obligatorio y por ser deficitario, se les dará la opción de recolocarse en otras áreas del Ayuntamiento.

Así, se iniciarán un programa para la transformación y continuidad del Matadero de Huesca en manos de una empresa o gestora ajena al Ayuntamiento. Pese a estos cambios, la propiedad de las instalaciones seguirá siendo municipal y no supondrá la pérdida de trabajo de los actuales trabajadores, que pasarían automáticamente a desempeñar otras funciones en la plantilla municipal si así lo desean.

El concejal de Desarrollo del Ayuntamiento de Huesca, Fernando Lafuente, insistió que "a todos los trabajadores se les va a dar la opción de continuar prestando sus servicios como trabajadores del Ayuntamiento".

Otro de los temas que se abordarán en el pleno será la aprobación de la contratación del servicio público de transporte urbano. A estos asuntos se sumarán, entre otros, la ordenanza de convivencia o el plan de emergencias en el capítulo de seguridad ciudadana y la propuesta de anulación del acuerdo plenario del 30 de abril en el que se decidía la finalidad de 'Casa Aisa' y su sustitución por un nuevo acuerdo.

Por otro lado, Chunta Aragonesista presentará una moción en la que pide que el Ayuntamiento de Huesca solicite al Gobierno de Aragón y al Ministerio de Fomento la puesta en marcha de una línea de cercanías Huesca-Zaragoza y su incorporación al Consorcio de Transportes, cuya denominación debería ser adaptada para no circunscribirla exclusivamente al Área de Zaragoza.

El grupo del PP presentará otra moción relativa a la modificación del régimen electoral general y el PSOE, otra en la que se pide la aplicación de la ley integral de medidas de protección integral contra la violencia de género.