ZARAGOZA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
El vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, ha informado de la solicitud que ha trasladado al Gobierno de Aragón para que emita un informe "vinculante" sobre las competencias impropias que el Ayuntamiento debe ejercer con la aplicación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local.
Gimeno ha detallado que en el informe requerido se tiene que dejar constancia de "no hay duplicidad de competencias" entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza y que además "existe suficiencia financiera del Ayuntamiento".
En caso contrario, el Consistorio no podría ejercer esas competencias impropias, evaluadas en 106,2 millones de euros y 760 empleos, según un informe realizado por los servicios técnicos municipales.
"Sería recomendable que la Diputación General de Aragón conteste lo antes posible porque es un problema puramente técnico y me gustaría que la respuesta fuera antes del pleno --previsto para finales de febrero-- pero lo dudo", ha indicado Gimeno para recalcar que el Ejecutivo autonómico se tendrá que pronuncia porque en este caso no se contempla el silencio administrativo.
En rueda de prensa tras la celebración del Gobierno de Zaragoza, Gimeno ha reconocido que "queremos seguir ejerciendo todas las competencias", pero se precisa del informe del Gobierno de Aragón porque la Comunidad autónoma es la titular de las competencias tras la aprobación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local.
En caso de que se decidiera que el Ayuntamiento las siguiera ejerciendo por delegación del Gobierno de Aragón "se tendrían que dotar económicamente" ha incidido Gimeno para apreciar que "sería un procedimiento más lento".
El vicealcalde ha precisado que hasta que el Gobierno de Aragón se pronuncie se seguirán prestando los servicios y los trabajadores seguirán percibiendo su sueldo ya que "por obligación de la legislación laboral tengo que seguir pagando al personal".
COMPETENCIAS QUE SE MODIFICAN
De los 106 millones de euros que supone el impacto total de la pérdida de competencias, la de mayor cuantía es la de servicios sociales, con 55,3 millones de euros y 218 trabajadores públicos directos.
Atañe al servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia; las subvenciones al programa de apoyo a la iniciativa social; la cooperación al desarrollo; los convenios del programa de integración social; los centros de convivencia de mayores; el alojamiento temporal de Zaragoza-Vivienda; el Centro Municipal de Promoción de la Salud; el Centro Municipal de Prevención de Adicciones; la residencia municipal Casa Amparo; la casa de acogida a mujeres víctimas de la violencia; la Casa de las Culturas; el programa de erradicación del chabolismo; y los servicios de atención a la infancia.
Por volumen económico, le sigue la educación, con 32,4 millones de euros y 254 trabajadores, que incluye las escuelas infantiles; las escuelas artísticas; la Universidad Popular; la Escuela de Jardinería 'El Pinar'; la limpieza y suministro de energía a centros escolares; y las aportaciones complementarias a educación obligatoria.
Hasta 10,7 millones de euros y 185 empleados es el impacto que supone la supresión de las competencias municipales en fomento económico y empleo, que incluye el Instituto Municipal de Empleo y Formación (IMEFEZ) y Zaragoza-Activa.
El área de Juventud supone 3,1 millones de euros y 42 trabajadores, que es el coste de los servicios y programa de las Casas de Juventud, y la promoción de la igualdad de género asciende a 2,7 millones de euros y a los 33 trabajadores de la Casa de la Mujer. En medio ambiente, la pérdida de la competencia supone 1,1 millones de euros y 19 empleados de la Unidad de Conservación del Medio Natural.
Este desglose se cierra con los 595.549 euros y los 8 trabajadores de la Oficina Municipal de Protección al Consumidor y la Junta Arbitral de Consumo.