El Ayuntamiento de Zaragoza pide valorar la necesidad de los informes de vulnerabilidad en la regularización

ZARAGOZA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, ha informado de que el Ayuntamiento de Zaragoza ha registrado una solicitud de información en la Delegación del Gobierno en Aragón para que aclare diversas cuestiones en relación a la regularización extraordinaria de migrantes, entre ellos que valore la necesidad de pedir informes de vulnerabilidad en este proceso "si la situación de irregularidad implica necesaria y automáticamente estar en situación de vulnerabilidad" o si se contempla financiación extra para que las entidades locales realicen esta tarea.

En la solicitud, que Orós ha asegurado que trasladarán al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de no recibir respuesta, el Consistorio zaragozano plantea la necesidad de "unos criterios claros" para apreciar la situación de vulnerabilidad, los problemas en la emisión de estos certificados, las dificultades de previsión y organización de recursos para la atención de estas personas o el incremento de la carga de trabajo de los servicios sociales municipales.

En resumen, el Ayuntamiento concluye que el real decreto de regularización "no identifica con claridad quienes son las entidades competentes en materia de asistencia social" y no identifica un marco de criterios para calificar las situaciones de vulnerabilidad.

Por ello, ha pedido a la Delegación del Gobierno que aclare si los servicios sociales municipales entran dentro de la denominación de "entidades con competencia en asistencia social", que se valore la necesidad de aportar informes de vulnerabilidad, si se contempla más financiación para las entidades locales y si se prevé una ampliación del plazo en la presentación de solicitudes ante las dificultades para tramitar los informes de vulnerabilidad.

"Queremos que nos lo ponga por escrito porque el real decreto es absolutamente vago", ha subrayado Orós, quien ha agregado: "¿Para qué narices quieren el informe de vulnerabilidad?".

En sus palabras, ha insistido en que hubiera sido "muy fácil" haberse reunido con anterioridad, resumiendo esta medida como "yo invito, me hago la foto, hablo de lo bueno que soy y otras administraciones, especialmente los ayuntamientos, pagan y que se busquen la vida".

Por todo ello, ha considerado que el objetivo del Gobierno de Sánchez es "avanzar en el conflicto, en la polarización, en la situación de crispación, en reventar la convivencia y en colapsar los servicios sociales".

Frente a ello, la consejera ha avanzado que el Ayuntamiento de Zaragoza no a va a "colapsar" los servicios sociales de base para elaborar los informes de vulnerabilidad para no afectar a otras personas, pero van a acreditar "con rigor y conforme a la legalidad". "Los trabajadores municipales no pueden firmar informes de vulnerabilidad como si fueran churros, a granel", ha remarcado.

LA FASE UNO

Orós ha alertado también de que "esta es la fase uno" y que esta regularización, que no se sabe a cuántas personas va a afectar, va a tener consecuencias "en todos los servicios públicos". "¿Qué va a ocurrir si al final consiguen la residencia un millón de personas en este país, qué va a hacer el Gobierno de España para que esto pueda fluir", ha preguntado, recordando que el PSOE está haciendo "justo lo contrario" que el resto de Europa en materia migratoria. Del mismo modo, se ha referido al "efecto llamada" de cara al futuro.

"El falso buenismo, al no tener control ni planificación, en lo que se ha convertido es en el caos, la frustración y en una chapuza absoluta", ha afirmado la consejera municipal, en una jornada en la que se siguen produciendo colas de migrantes a las puertas de la Casa Consistorial para recabar información o los documentos necesarios para acogerse a la regularización.

Ha reprochado al Gobierno de España que no haya apostado por la cogobernanza y no haya sentado a los ayuntamientos en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para coordinar este proceso.

Del mismo modo, ha recordado que este proceso nace de una iniciativa legislativa popular que apoyó el PP porque "la inmigración es una oportunidad, siempre que esté planificada, organizada, caso por casa y vaya vinculada al empleo y a la inclusión". Frente a ello, el real decreto es "impuesto" y está lleno de "carencias".

Orós ha pedido información ante esta "opacidad", frente a la "demagogia" del delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, y de los grupos de la oposición municipal, en un proceso que está generando "frustración" en los inmigrantes y el "colapso" y la "saturación" de los funcionarios de la casa.

"Nos vendieron que estaba todo controlado, pero nos han mentido a todos y en la calle están las pruebas", ha añadido la consejera, calificando el proceso de "kafkiano" y como "una trampa" tanto para los municipios como para los posibles beneficiarios.

A LA ESPERA DE DELEGACIÓN PARA TOMAR MEDIDAS

Sobre la situación concreta en el Ayuntamiento de Zaragoza, ha señalado que el único dato que tienen los servicios sociales municipales es de unas 7.000 personas usuarias que sólo cuentan con pasaporte, lo cual no es indicativo ya que puede haber muchas que no acudan a estas instancias.

En relación a las filas, con 527 personas atendidas de forma presencial desde el pasado jueves y 2.122 instancias presenciales y telemáticas presentadas --1.184 relacionadas con informes de vulnerabilidad y 938 con certificados de empadronamiento-- ha asegurado que no se quedan "parados" porque su "obligación" es atender a las personas y que están barajando opciones para hacer frente a esta situación, pero esperarán primero a que Delegación del Gobierno conteste al requerimiento.

Por último, ha vuelto a cargar contra el Ejecutivo central, manifestando que "es muy curioso" que se hayan habilitado más de 400 oficinas en todo el país, pero sólo para recepcionar las solicitudes una vez recabada toda la documentación. "Es que es así de fuerte. ¿Y todos los requisitos previos? Que se las apañen, las personas y los ayuntamientos. Eso no puede ser", ha concluido.