ZARAGOZA, 20 May. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de Educación del Grupo de Chunta Aragonesista (CHA) de las Cortes de Aragón, Gregorio Briz, ha rechazado este lunes el proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobado por el Consejo de Ministros el viernes pasado, por considerarla "ideológica". Ha vaticinado que solo estará vigente mientras el PP tenga mayoría absoluta en las Cortes Generales.
En rueda de prensa, el parlamentario ha pedido la retirada de la iniciativa legislativa del Gobierno de España y ha pronosticado que la Ley acabará recurrida en el Tribunal Constitucional (TC).
Ha aseverado que el proyecto de ley "no va a arreglar ninguno de los problemas que tenemos en el sistema educativo y lo único que va a hacer es crear conflictos donde no los hay".
Es la séptima ley educativa de la democracia, ha continuado Briz, quien ha considerado que esto es "impensable en cualquier país occidental, moderno", ya que para que el sistema educativo funcione con "rigor" y dé "resultados" debe haber "estabilidad". Ha comentado que en el siglo XIX en España hubo una sola ley educativa.
"Cada vez que entra un Gobierno hay un cambio legislativo y esto es lo peor que puede ocurrir", ha lamentado el diputado, al tiempo que ha aseverado que "la vida de esta ley es la que tenga el PP en el Gobierno" y por lo tanto "en el momento en que esa mayoría absoluta desaparezca la ley se cambiará".
Briz Ha negado que la conocida como Ley Wert vaya a corregir el fracaso escolar, argumentando que "está más preocupada por adoctrinar" que por dar mayores niveles de eficiencia educativa.
VALORES "CÍVICOS"
Igualmente, el diputado de Chunta, Gregorio Briz, ha criticado que se suprima la asignatura de Educación para la Ciudadanía porque servía para impartir "valores cívicos fundamentales" y ha rechazado que apoye la asignatura de Religión y le conceda un estatus como si fuese cualquiera otra materia, ya que contará para calcular la media de cada curso y para obtener becas y ayudas al estudio.
"Está muy claro al servicio de quién está hecha", ha añadido en alusión expresa a la Iglesia. Ha propuesto revisar los acuerdos de España con la Santa Sede. Briz ha destacado que esta ley facilita la continuidad de los centros con el alumnado separado por sexos.
El portavoz de Educación de Chunta ha afirmado, asimismo, que la Ley Wert supone "una agresión" contra las lenguas co-oficiales y que "es un apoyo al castellano".
También ha dicho que "no se ha contado ni con la comunidad educativa ni con los partidos, ni con los sindicatos ni nadie". En su opinión "no hay ningún tipo de diálogo", sino una mayor tensión social.
Gregorio Briz ha indicado que "la memoria económica no deja de ser chocante" porque su aplicación requiere 400 millones de euros y el Gobierno de España --ha agregado-- espera conseguir fondos europeos para financiarla.
Las comunidades autónomas tendrán que pagar la consolidación de esta ley, ha continuado diciendo, y ha mencionado los recortes que está realizando el Gobierno de Aragón en materia educativa.
La Ley Wert "va a ser elitista, no va a dar igualdad de oportunidades y va a dar más a los privilegiados". El representante de CHA Ha criticado que favorezca la "segregación" de los alumnos, porque elegirán antes estudiar Formación Profesional o Bachillerato.
Gregorio Briz ha expresado que "estamos volviendo a un tiempo que era en blanco y negro, la época del NODO", por cuanto volverá a haber pruebas de reválida, lo que hará más difícil continuar sus estudios a los alumnos con más dificultades. "Esto es un retroceso y una vuelta al pasado", ha indicado el diputado de Chunta, quien ha recalcado que "no es lo mismo aprender que preparar una prueba".
El diputado no ha considerado positivo que se fomente la competitividad entre centros porque "va a significar el deterioro de la escuela pública en beneficio de la privada y concertada".
Gregorio Briz ha reclamado que la participación de la comunidad educativa, incluyendo sindicatos y consejos escolares, que la política educativa se base en la inversión y que se ponga freno a los conciertos. Ha pedido un "pacto social".
Andalucía
