ZARAGOZA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, ha reconocido que la factura de 23.191 euros en concepto de redacción del estudio de seguridad y salud del proyecto de reforma y ampliación del Museo Pablo Serrano de Zaragoza "no debía ser abonada".
No obstante, ha aclarado que su pago "no ha supuesto ningún coste añadido" porque "hemos minorado su importe en el pago que se efectuó al conjunto del proyecto". Broto se han pronunciado así durante una comparecencia ante el pleno de las Cortes de Aragón solicitada por el Partido Popular para que informara del citado gasto.
La consejera ha señalado que según los informes del abogado del Estado y del Tribunal de Cuentas la redacción del estudio de seguridad y salud debía formar parte del proyecto general "por lo que no era procedente su facturación ni su abono al contratista al margen del proyecto". Sin embargo, "en ningún momento la Intervención de este gobierno planteó que no se pagara esa factura" por ese motivo.
Broto ha indicado que la Interventora delegada no fiscalizó favorablemente ese gasto no por ese motivo sino porque el importante total era "superior al límite infranqueable de 12.020,24 euros" por lo que "se trata de un contratado de consultoría y asistencia lo cual indica que se ha omitido el trámite de fiscalización previa".
Por eso, ha asegurado la consejera, "si el informe de la Intervención delegada hubiera sido el que aduce el Tribunal de Cuentas", es decir, que fiscalizó desfavorablemente el pago de esa factura por estar incluido el estudio en el proyecto, "esta consejera nunca hubiera pagado esa factura", ha dicho Broto.
La consejera ha defendido una gestión "rigurosa y eficaz" en este proyecto, mientras que el PP "intenta difamar esa gestión" respecto a la ampliación de un museo que va a ser "referente" y que está a punto de inaugurarse.
Broto ha puesto a disposición del PP la documentación de los modificados del proyecto, que han sido necesarios por la aparición de problemas en la cimentación en el edificio, y ha asegurado que no hubo "ningún problema con la licencia" de obras, que se atuvo a la Ley de Urbanismo de Aragón, mientras que la contratación del arquitecto "fue objeto de fiscalización favorable".
Al respecto, ha explicado que se contrató al mismo arquitecto que había realizado el Museo Pablo Serrano porque se trataba de una ampliación "del mismo edificio" y eso suponía que "teníamos una primera fase y hacíamos una fase más amplia". Asimismo, ha aclarado que "no hubo certificaciones parciales" de la obra y por eso "sólo se ha aportado una factura" a la entrega del proyecto.
A DEDO
El diputado del PP, Antonio Suárez, ha lamentado que el contratado objeto de debate sea "uno de los que acumula más infracciones" y ha criticado que se adjudicara a un arquitecto "a dedo", a pesar de que "éste es un contrato distinto del contrato por el que se hizo el Museo Pablo Serrano" y por eso la ley dice "que tiene que haber concurrencia".
Además, el Tribunal de Cuentas señala que "no se le han remitido una serie de certificaciones" y, por otra parte, el coste total se ha incrementado un 33 por ciento, pasando de los 18 millones de euros iniciales los 27, iniciándose la obra sin tener la licencia, ha dicho, a lo que ha sumado el abono "indebido" de la factura de 23.191 euros del estudio de seguridad y salud.
Suárez ha solicitado la documentación completa del expediente y ha pedido "responsabilidades políticas", además de vaticinar que éste va a ser uno de los contratos realizados por el Gobierno de Aragón "que va a tener más problemas jurídica y judicialmente".
La diputada de Chunta Aragonesista, Nieves Ibeas, se ha referido también a los problemas que plantea el contrato de este proyecto porque "no se acreditó que hubiera razones para la no concurrencia" y la factura del estudio de seguridad "no debía haber sido pagada" y por eso ha reclamado "que se aclare todo cuando antes" ya que "nos interesa la garantía de una gestión eficiente de los recursos públicos".
En este sentido, ha subrayado que éste es un proyecto que se adjudica por 18,7 millones de euros y "es recibido por diez millones de euros más", una "auténtica barbaridad", porque se trata del "desfase" de un solo proyecto, algo "difícil" de asumir, más cuando, por ejemplo, la Universidad de Zaragoza ha anunciado que va a tener que acudir a deuda por valor de nueve millones de euros para hacer frente al presupuesto de 2011.
El diputado del Partido Socialista, Carlos Álvarez, uno de los grupos que apoya al Gobierno, ha señalado que la consejera ya ha aclarado que se han "minorado de los honorarios que percibió el contratista" para compensar el pago de esa factura.
Asimismo, ha lamentado que el PP se dedique a "lanzar una campaña electoral que pasa por el 'difama que algo queda'", cuando la tribuna de las Cortes "no está para eso", a pesar de lo cual "la inauguración del museo se realizará y quedará un edificio emblemático para disfrute de la ciudadanía".
La diputada del Partido Aragonés, María Herrero, el otro grupo que sostiene el Ejecutivo, ha opinado que la consejera ha dado "todas las explicaciones oportunas y pertinentes" y "las dudas se han disipado", además de que "ha reconocido que esa factura quizá no debía ser abonada".
Ha agregado que "nos da tranquilidad saber que el proceso de contratación se ha hecho conforme a la legalidad" y le ha indicado al PP que quizá realice acusaciones "de forma precipitada", para recalcar que "la labor de control al gobierno no debe estar reñida con la responsabilidad".
