ZARAGOZA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -
Un 29,77 por ciento de las consultas que atiende el Centro Información para Trabajadores Extranjeros (CITE) de Comisiones Obreras (CC.OO.) Aragón se refieren a la renovación de contratos de trabajo de inmigrantes.
Así se refleja en la memoria de actividades de dicho centro, correspondiente al primer semestre de 2010, que ha presentado Comisiones Obreras (CC.OO.) este jueves en su sede de Zaragoza, con la asistencia del técnico del CITE, Carlos Señor, y la secretaria de Política Social y Migraciones, Marta Arjol.
Por países de origen, más un 26,65 por ciento de los trabajadores que acudieron a realizar sus consultas al CITE, corresponde a inmigrantes marroquíes. Los ecuatorianos representan un 19,24 por ciento del total, seguidos de los colombianos, con un 9,13 por ciento. Nicaragua y Senegal han sido los países de origen de un 6,91 y 5,11 por ciento, respectivamente.
En cuanto a los asuntos que han motivado las consultas, un 29,77 por ciento de los encuestados preguntaron sobre la renovación de su autorización de trabajo, un 10 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior (19,34 por ciento).
Otras consultas que han aumentado han sido por la renovación de la autorización de residencia, que ha pasado de un 1,20 por ciento en 2009 a un 6,65 por ciento en 2010; las cuestiones relacionadas con la reagrupación familiar, que ha ascendido desde el 4,58 por ciento hasta el 6,26 actual; y los asuntos exclusivamente sindicales que han supuesto un incremento de un 3 por ciento, pasando del 1,33 de 2009 al 4,38 de este año.
Según el técnico del CITE, Carlos Señor, esto sería "consecuencia del incremento de personas que ya llevan un tiempo viviendo en España".
SITUACIÓN LEGAL
Con respecto a la situación legal de los trabajadores inmigrantes atendidos, un 81,1 por ciento se encuentra en España con su autorización correspondiente, frente a un 18,9 por ciento que está de forma ilegal. Por sexos, un 61,43 por ciento de los trabajadores legales son hombres y un 38,57, mujeres. En cuanto a los ilegales, el 56,11 por ciento son varones y el 13,89 son mujeres.
En lo que se refiere a la situación laboral de los inmigrantes, un 42,26 por ciento dice encontrarse en activo y el 54,83 por ciento, en paro. Entre los que se encuentran sin trabajo un 70,65 por ciento son hombres, frente a un 29,35 de mujeres. Un 2,91 por ciento de los encuestados no ha revelado su situación laboral.
Un 75,13 por ciento de los inmigrantes atendidos tiene trabajo regular. De ellos un 53,74 son hombres y un 42,46, mujeres. Los que no poseen un trabajo regular (24,86 por ciento) son en un 28,34 por ciento varones, y en un 71,66, mujeres.
Por países, los que se encuentran en situación de trabajo regular un 24,85 por ciento procede de Marruecos; un 23,19 por ciento de Ecuador y un 12,88 por ciento de Colombia. El trabajo irregular afecta a un 40,45 por ciento de los inmigrantes nicaragüenses que han pasado por el CITE, a un 14,77 por ciento de los marroquíes, a un 8,18 de los ecuatorianos, a un 5,68 de los brasileños y a un 5,45 de los senegaleses.
Los sectores de actividad en los que declaran trabajar los inmigrantes son la Agricultura, con un porcentaje de un 4,19 por ciento; Comercio, con un 6,28; Construcción, con un 10,46 ; Hostelería, con un 8,94; Industria, con un 7,86; Servicio Doméstico, 33,31; otros servicios, 11,14; y otros sectores con un 13,29 por ciento. Sobre el 4,53 por ciento de los encuestados no existen datos.
Los principales sectores de actividad de los que declaran trabajar con empleo irregular son el Servicio Doméstico, con un 34,7 por ciento, la Hostelería, con un 10,6; Comercio, 7,47; y Agricultura, con un 6,99 por ciento.
CONCLUSIONES
Algunas de las conclusiones del Informe del CITE apuntan a que los resultados se mantienen estables con respecto al año anterior, que se consolida la llamada 'feminización' de la inmigración, y que los tipos de trámitea solicitados reflejan la estabilidad en el país de una parte importante de los usuarios.
Como consecuencia de la crisis, el índice de contratación es nulo y no se percibe un incremento de la irregularidad administrativa. También existe una preocupación por la economía sumergida, con las graves consecuencias que supone en los derechos de los trabajadores y en la economía en general.
