ZARAGOZA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
Chunta Aragonesista considera inaceptable el anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros "porque supondrá, si se aprueba en los términos planteados, la privatización de un servicio público como es el Registro Civil, que pasará a ser prestado por registradores de la propiedad y mercantiles y costeado por la ciudadanía mediante la imposición de aranceles".
Asimismo, "provocará una pésima accesibilidad del servicio, ya que prevé solo un registro por provincia, con el consiguiente perjuicio para el medio rural aragonés". La portavoz parlamentaria de CHA, Nieves Ibeas, ha registrado una iniciativa para que las Cortes y el Gobierno de Aragón trasladen su rechazo a este anteproyecto al Ministerio de Justicia.
El Registro Civil es un registro público dependiente del Ministerio de Justicia cuyos servicios son atendidos por personal funcionario público. Para Ibeas, "la privatización del servicio y la reducción del número de registros no conllevará ninguna ventaja a la ciudadanía, que tendrá que pagar por lo que ahora es gratis, ni tampoco un ahorro a la Administración, ya que el personal funcionario deberá recibir destino en otros servicios".
Actualmente existe un Registro civil para cada término municipal, dependiendo funcionalmente del Juez de Primera Instancia de la cabecera del partido judicial al que pertenezca el municipio.
Con la reforma propuesta solo existirá una oficina del Registro Civil en cada provincia, cuya circunscripción se extenderá a todas las comarcas de la provincia correspondiente, y serán los registradores, allá donde tengan sede, quienes realicen la tramitación de los correspondientes asuntos. "Es un nuevo ataque a la igualdad de oportunidades y acceso a los servicios a los que tiene derecho la ciudadanía en el medio rural", ha afirmado Nieves Ibeas.
Concretamente el anteproyecto propone una nueva redacción del apartado 1 del artículo 2 de la Ley del Registro Civil, estableciendo que "todos los asuntos referentes al Registro Civil están encomendados a la Dirección General de los Registros y del Notariado" y del apartado 3 del artículo 21, estableciendo que "tendrán la consideración de Encargados de las Oficinas del Registro Civil los registradores de la propiedad y mercantiles".
Ese mismo artículo 21 establece que "Los registradores de la propiedad y mercantiles sufragarán íntegramente los costes derivados de la prestación del servicio público del Registro Civil, incluyendo sus honorarios, mediante la aplicación de los correspondientes aranceles".
