ZARAGOZA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -
Chunta Aragonesista (CHA) e Izquierda Unida (IU) presentarán este martes, 5 de octubre, ante la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón una proposición no de ley conjunta para advertir de la situación "insostenible de violencia y hostigamiento" que se está viviendo en el estado mexicano de Chiapas.
Allí, han relatado en un comunicado conjunto, los miembros del movimiento opositor a varias explotaciones mineras "están siendo acosados, amenazados y torturados, e incluso se han producido ya varios asesinatos".
Ambas formaciones políticas han agregado que Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos, el Servicio Internacional por la Paz y otras organizaciones no gubernamentales "ya han abierto investigaciones, que en algunos casos afectan a determinadas actuaciones de las fuerzas de seguridad".
En su proposición no de ley, CHA e IU instarán al Gobierno español a dirigirse al Gobierno de México para "alertarle" de esta situación y solicitarle su intervención "para que cese este hostigamiento y se respete la vida, la integridad física y los domicilios de los miembros de movimientos sindicales, indígenas y ecologistas, así como la inviolabilidad de sus domicilios".
En la iniciativa, se recuerda que debe cumplirse la cláusula relativa a los Derechos Humanos del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Unión Europea y los Estados Unidos Mexicanos, firmado el 8 de diciembre de 1997.
Asimismo, se exige al Gobierno español que "redoble" su apoyo a la defensa de los Derechos Humanos y de sus defensores en México por medio de programas de cooperación y recursos financieros y técnicos, así como la creación "de sistemas eficaces de protección de los testigos, las víctimas y sus familias, tal y como pide la resolución aprobada por el Parlamento Europeo del 11 de marzo de 2010, sobre la escalada de violencia en México".
SITUACIÓN EN LA ZONA
Ambas formaciones han recordado que las autoridades mexicanas han adjudicado 54 concesiones de explotación minera de oro y otros metales a empresas extranjeras, principalmente de origen canadiense, en la Sierra Madre del Estado de Chiapas.
Contra estas explotaciones a cielo abierto, se ha constituido un movimiento de protesta formado por organizaciones campesinas e indígenas, respaldadas por organizaciones sociales y políticas, "que además de expresar su preocupación por el daño ambiental y la dispersión de cianuro, arsénico, mercurio y otras sustancias peligrosas, consideran que se han vulnerado las leyes agrarias sobre la propiedad colectiva campesina o indígena y el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo)".
Estos documentos "obligan a cumplir el derecho de consulta y participación de estos colectivos sobre cualquier obra que se pretenda realizar en las tierras donde viven, máxime cuando las autoridades se han negado a informarles sobre los estudios de impacto ambiental que existiesen".