ZARAGOZA, 8 Abr. (EUROA PRESS) -
La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, afirmó hoy que no ha habido en la Comunidad autónoma ninguna denuncia respecto al conjunto de asignaturas de Educación para la Ciudadanía "ni a los libros, ni a los tiempos, ni al profesorado".
Así lo trasladó con motivo de su comparecencia ante la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de las Cortes de Aragón, donde acudió a petición del grupo parlamentario del Partido Popular (PP), que quería saber si este Departamento había tomado medidas sobre los textos de las asignaturas de Educación para la Ciudadanía para evitar demandas o impugnaciones de acuerdo con la reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS).
La consejera aseguró que la asignatura se está impartiendo en Aragón "con normalidad", recordó que la elección de los libros de texto corresponde a los órganos de coordinación didáctica y por eso "no tienen por qué ser autorizados" por el Gobierno de Aragón.
Agregó que el cuerpo de inspección educativa realizó un estudio en el curso 2007-2008 y concluyó que había una "idoneidad" de los libros de texto, además de que "el currículo se estaba cumpliendo", los profesores tienen la titulación adecuada y el tiempo de impartición es el correcto.
María Victoria Broto recalcó, asimismo, que la sentencia del TS es "muy clara" y precisa que no cabe la objeción de conciencia ni a la asignatura ni a los libros de texto, por lo que opinó que el debate está "muerto", si bien reconoció que todavía hay 20 alumnos que no asisten a clase, que "representan una minoría".
En este sentido, recordó que el número de alumnos que debe estudiar en Aragón alguna asignatura del grupo que forma parte de Educación para la Ciudadanía son los 11.440 alumnos de tercero de Secundaria, que cursan Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos; 9.000 de cuarto de Secundaria, que estudian Educación Ético-Cívica, y los 7.200 de primero de Bachillerato, que cursan Ética y Filosofía.
OBJECIONES
El número de objeciones de conciencia presentadas entre el curso pasado y el actual en Aragón fueron de 124 en la provincia de Zaragoza; 130 en Huesca; y 44 en Teruel. Una vez que éstas eran denegadas por la consejería, 114 familias presentaron un recurso de alzada al departamento.
Por lo que se refiere al número de recursos contencioso-administrativos presentados por los padres, María Victoria Broto señaló hoy que son 37, de los que 17 desestimaron la objeción de conciencia y 10 la estimaron.
Además, en 15 ocasiones se dictaron medidas cautelares antes de emitir una sentencia para que los alumnos no fueran a clase, si bien "cuatro han quedado sin efecto después de la sentencia del TS y es posible que haya más" en los próximos días.
MATIZACIONES
La diputada del PP, María Antonia Avilés, reconoció la sentencia del TS "no cuestiona la existencia de la asignatura", pero "hace una serie de matizaciones" y los diez votos particulares "hablan de que en esta materia no debería entrar en algunos de los asuntos que son competencia de los padres", que "tienen derecho a elegir la educación moral e ideológica que quieren para sus hijos" y por eso aconsejó a Broto que se leyera la sentencia "entera y despacito".
La parlamentaria expresó su preocupación, especialmente por los centros públicos, ya que los concertados pueden adaptar el contenido al ideario del centro, que los padres conocen de antemano, dijo, y planteó la posibilidad de que el Gobierno aragonés revise los libros de texto para que la asignatura se imparta "con neutralidad y sin adoctrinamiento".
El diputado del Partido Socialista (PSOE), Carlos Álvarez, opinó que el PP había generado una "falsa polémica" respecto a la EpC "instando a la objeción" de conciencia, afirmando que es una "materia dogmática" que pretende difundir la "ideología laicista del PSOE", algo a su entender "insostenible" porque los contenidos de la asignatura "son la Constitución y los Derechos Humanos", que instó a "pasar página y debatir de manera constructiva para conseguir una mejor educación para todos".
La diputada del Partido Aragonés (PAR), María Herrero, manifestó que éste era un debate "innecesario" ya que los ciudadanos "deben acatar lo que la Justicia dice y este tema debería estar zanjado". "Preferiríamos hablar de otras cuestiones más beneficiosas para los aragoneses", agregó la diputada, al tiempo que comentó que "ninguna persona podría estar en contra de los contenidos" que señalan los decretos y ordenes para estas asignaturas, "otra cosa es el uso que se hace".
La diputada de Chunta Aragonesista (CHA), Nieves Ibeas, coincidió con los planteamientos de la consejera y explicó que su partido hubiera preferido que los contenidos de estas asignaturas hubieran sido "transversales". Añadió que la ideología y la Religión son "del ámbito privado" y por eso abogó porque esta última "no debería impartirse en las aulas".
OBERVATORIO CULTURAL
La Comisión de Educación, Cultura y Deporte de las Cortes de Aragón acogió hoy la comparecencia del director general de Cultura del Gobierno aragonés, Ramón Miranda, a propuesta de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, para informar sobre los sistemas de información y medición para la toma de decisiones en materia de política cultural: observatorio, laboratorio, centro de documentación y previsiones de futuro.
La presidenta de CHA y diputada en las Cortes, Nieves Ibeas, trasladó a los medios de comunicación, antes de participar en la comisión su "queja rotunda" porque tenga lugar esta comparecencia después de que fuera solicitada por su grupo en 2006 y recientemente retirada.
Ibeas explicó que su grupo la retiró cuando observó que en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2009 había desaparecido una partida que desde 2006 se había mantenido para el Observatorio Cultural, de 57.000 euros ese primer año. Ibeas opinó que comparecer ahora a petición propia es una "falta de respeto" a su grupo parlamentario.
