Las Cortes de Aragón solicitan el respeto y defensa de los Derechos Humanos en el Estado mexicano de Chiapas

CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón ha aprobado por unanimidad este martes una proposición no de ley, presentada conjuntamente por Chunta Aragonesista (CHA) e Izquierda Unida (IU), que pide que el Gobierno central se dirija al Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos "para pedirle que intensifique los esfuerzos contra la ola de violencia surgida en distintas partes de su territorio y la defensa de los Derechos Humanos y libertades fundamentales".

La iniciativa también solicita el apoyo a la defensa jurídica y personal de los miembros de los movimientos sociales indígenas, ecologistas y de defensa de los Derechos Humanos y sociales, "especialmente en relación con las explotaciones mineras de Sierra Madre en el estado de Chiapas".

Asimismo, solicita que se cumpla la cláusula relativa a los Derechos Humanos del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Unión Europea y los Estados Unidos Mexicanos, firmado el 8 de diciembre de 1997.

También reclama que se "redoble el apoyo a la defensa de los Derechos Humanos y de sus defensores en México por medio de programas de cooperación y recursos financieros y técnicos, así como la creación de sistemas eficaces de protección de los testigos, las víctimas y sus familias", tal y como pide la resolución aprobada por el Parlamento Europeo del 11 de marzo de 2010.

El diputado de CHA, Chesús Yuste, ha recordado que las autoridades mexicanas han adjudicado 54 concesiones de explotación minera de oro y otros metales a empresas extranjeras, principalmente de origen canadiense, en la Sierra Madre del Estado de Chiapas.

"Contra estas explotaciones a cielo abierto, se ha constituido un movimiento de protesta formado por organizaciones campesinas e indígenas, respaldadas por organizaciones sociales y políticas", cuyos líderes "están siendo acosados, amenazados, torturados o asesinados".

La diputada del Partido Socialista, Ana Cristina Vera, ha trasladado "el especial interés en que se refuerce la protección de los Derechos Humanos" y la diputada del Partido Popular, María Antonia Avilés, ha pedido que se tengan en cuenta que "las relaciones con México deben hacerse mediante los acuerdos bilaterales de ese país con la Unión Europea".

Por último, la diputada del Partido Aragonés (PAR), Ana de Salas, ha compartido los fines de la iniciativa y se ha mostrado "a favor de poner de manifiesto una situación de violencia en un Estado, en una región concreta, que debemos condenar".

FALTA DE INTERÉS

La Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón ha acogido también la comparecencia del presidente del Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios, José Ángel Oliván, a petición propia, quien ha lamentado "la falta de la inserción en la agenda política de los problemas de consumo de los ciudadanos".

Ha opinado, asimismo, que la ley de Protección de Consumidores y Usuarios es "excelente", pero "no ha habido ni desarrollo de la norma ni aplicación práctica de la ley", tras su aprobación en 2007.

También ha lamentado que la Dirección General de Consumo del Gobierno de Aragón tenga "un escaso presupuesto" y "cada año va rebajando su importancia". Según Oliván, "Aragón dedica 2,4 euros del presupuesto por habitante a la dirección de Consumo, cuando hay otras Comunidades que llegan a nueve euros por ciudadano".

El presidente del Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios ha solicitado medidas para asegurar los mecanismos de protección, como crear una Comisión Interdepartamental de Consumo y la presencia de los consumidores en el Consejo Económico y Social de Aragón.

"En un momento donde la economía supone el incremento de impuestos, tasas y precios, donde las empresas tienen que estrechar y disminuir la calidad de servicios y donde la tentación de abusar del consumidor final es cada vez mayor, el sistema de protección de los consumidores está en un proceso de paralización, casi de suspensión", ha asegurado.

Ha agregado que las asociaciones de consumidores "hemos visto reducidas las subvenciones y hemos tenido que recortar personal especializado en la protección del consumidor", por lo que ha solicitado a los diputados aragoneses una mayor consideración con el Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios en la elaboración de los próximos presupuestos.