ZARAGOZA, 29 May. (EUROPA PRESS) -
El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado por unanimidad pedir al Gobierno aragonés emprender todas las medidas legales para exigir la responsabilidad patrimonial a la empresa Escal UGS por los daños y afecciones que se hubieran causado a las localidades aragonesas los seísmos derivados del Proyecto Castor, dedicado a la inyección de gas natural en un depósito ubicado en la costa de Castellón.
Asimismo, le han solicitado que se dirija al Gobierno central para que, en virtud del principio de precaución que rige la normativa europea, se paralicen todos los nuevos proyectos de almacenamiento subterráneo de gas susceptibles de provocar afecciones similares a las del Proyecto Castor.
La iniciativa formulaba otras dos propuestas, que no han sido aprobadas, para la paralización absoluta de la actividad del Proyecto Castor y el desmantelamiento total y definitivo del mismo sin que supusiera un gasto adicional para las arcas públicas por el "riesgo sísmico que supone para la ciudadanía".
Asimismo, abogaba por que el Gobierno central ejecutara todas las medidas legales necesarias para exigir la responsabilidad patrimonial a la empresa Escal UGS "por la posible ocultación de datos sobre el riesgo sísmico de la explotación del depósito de gas, así como contra las autoridades, funcionarios y técnicos que avalaron, informaron favorablemente o aprobaron el proyecto".
LOCALIDADES ARAGONESAS AFECTADAS
El diputado de IU, Adolfo Barrena, ha recordado que a los 15 días de que se iniciaran las inyecciones de gas, en mayo de 2012, "se comenzaron a vivir episodios sísmicos que llegaron a afectar a cuatro localidades aragonesas", las de Beceite, Castelserás, La Fresneda y Valderrobres, si bien tuvieron "bastante más" incidencia en el litoral de Castellón.
En septiembre, se paralizaron las inyecciones y el Gobierno central decidió que no se retomaran hasta tener elementos de juicio suficientes. Ahora, un informe del Instituto Geográfico Nacional ha concluido que "el origen de la actual serie sísmica tiene relación directa con la inyección de gas del Proyecto Castor y que, sin perjuicio de estudios posteriores" esta actividad "ha acelerado un proceso sismotectónico existente previamente que no estaba caracterizado".
Por todo esto, "hay elementos suficientes para pedir la paralización ya y el desmantelamiento" del proyecto, así como el rechazo a "cualquier otro proyecto nuevo similar" por la peligrosidad y riesgos para la ciudadanía y para "exigir responsabilidad patrimonial a la empresa y a los técnicos que lo aprobaron".
PRUDENCIA
La diputada del PP, María Teresa Arciniega, ha pedido "prudencia" y "cautela" ante las consecuencias que tendría paralizar este proyecto y ha apuntado que el decreto que autoriza esta concesión afirma que "se indemnizará a la empresa, independientemente de que cometa dolo o negligencia", algo que es "suficiente" como para pedir informes a otros organismos, como se ha hecho al Instituto Tecnológico de Massachusetts y a la Universidad de Stanford.
La diputada del PSOE, Elisa Sancho, ha comentado que se han producido más de 400 terremotos de distinta intensidad en la zona afectada, con efectos en algunas poblaciones aragonesas y con un informe cuyas conclusiones son "suficientemente contundentes para llegar a la conclusión de que la única solución es el cierre de planta".
El diputado del PAR, Antonio Ruspira, ha indicado que "si no aparece la falla en el documento de concesión", finalizarla podría implicar para el Gobierno central abonar 1.700 millones de euros a la empresa, por lo que también ha pedido "cautela", mientras que el diputado de CHA, Joaquín Palacín, ha expresado su preocupación y ha indicado que ya había estudios geológicos "que hablaban de problemas y ahora el Instituto Geográfico Nacional "ha confirmado la relación directa" entre los terremotos y la inyección de gas.
