ZARAGOZA 20 May. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno en Aragón, Javier Fernández, ha explicado que en Zaragoza "no ha habido ninguna resolución" de la Junta Electoral Provincial sobre la acampada de Zaragoza y ha precisado que en caso de que este órgano no la autorice "el desalojo no es automático, no se tiene que producir".
En este sentido, ha indicado que "existen otras vías" para dar cumplimiento a la ley, como infracciones administrativas o penales. "Se puede identificar a un ciudadano y se puede iniciar un expediente administrativo, que puede terminar a lo mejor en una sanción económica", ha abundado el delegado del Gobierno en Aragón, para reconocer que también en algún caso "hay que tomar la decisión y desalojar".
Javier Fernández se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación después de que la Junta Electoral Central no haya autorizado las acampadas que se están celebrando en todo España, también en Zaragoza, en continuidad con las protestas que tuvieron lugar el pasado domingo, 15 de mayo, bajo el lema 'Democracia real ¡ya!', movimiento que ha pasado a denominarse 15M.
El delegado del Gobierno en Aragón ha aclarado que la Junta Electoral Central ha respondido a consultas realizadas desde algunas zonas de España y ha hecho una interpretación general de lo que dice la ley.
A partir de ahí, "hay que descender al caso concreto" porque "depende de los sitios donde se haga". Según ha señalado, son las Juntas Electorales Provinciales la que tiene la decisión en este periodo electoral de autorizar o no concentraciones "porque así lo marca la ley".
Hasta ahora, en Zaragoza, "no ha habido ninguna resolución de la Junta Electoral" y en caso de que no autorizara la acampada "no podemos pensar que, de inmediato, la policía vaya a disolverla".
Fernández ha recalcado que "la consecuencia inmediata de una prohibición no es el desalojo" ya que "la ley permite muchas posibilidades si alguien infringe una ley" por lo que "habrá que esperar a ver qué dice la Junta y posteriormente decidir".