ZARAGOZA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
El delegado de la Policía Local de Zaragoza del sindicato CSL, Tomás García, se mostró convencido de que las pruebas aportadas hoy en el juicio "mostrarán mi absoluta inocencia" y expresó su satisfacción por el desarrollo del juicio celebrado en el Juzgado 1 de lo contencioso-administrativo de Zaragoza.
El juez deberá emitir sentencia sobre el recurso interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo por el delegado de la Policía Local del sindicato CSL, Tomás García, después de que fuera expedientado en julio de 2008 al negarse a abandonar una dependencia municipal en la que pretendía ofrecer información sindical.
La versión que entonces dieron los responsables policiales es que tras ser conminado a que abandonara la sala y esperase hasta que se terminara de pasar lista y negarse, los mandos de la Policía Local emitieron los correspondientes informes de lo sucedido.
Tomás García explicó en declaraciones a Europa Press que, entre las pruebas aportadas durante el juicio, que se prolongó por algo más de dos horas, figuraban las "más de 600 firmas de compañeros en las que dejan constancia de que en los pases de lista se actúa siempre igual y que no se produjo ninguna infracción".
El delegado sindical de CSL presentó el 12 de enero de 2009 un recurso contencioso-administrativo en el que reclama la suspensión de la sanción que acordó el área de Régimen Interior del Ayuntamiento de Zaragoza de suspenderle un año y medio sin empleo y sueldo como consecuencia de la apertura de un expediente disciplinario por el incidente del verano de 2008.
Esta sanción se acordó el 19 de diciembre de 2008 cuando el área de Régimen Interior del Ayuntamiento se ratificó en la resolución provisional sobre el expediente disciplinario que le abrió ese verano y que conlleva la citada sanción, que no le permitiría volver a incorporarse hasta finales de junio del año 2010.
Tomás García solicitó entonces como medida cautelar la suspensión de la sanción de año y medio sin empleo y sueldo a lo que el Ayuntamiento de Zaragoza se opuso, pero el juez emitió un auto a mitad de marzo en el que aplazaba el cumplimiento de la sanción hasta que se emita una sentencia firme, además obligó al Ayuntamiento a pagar los intereses de demora.
