La DPZ asesora a los ayuntamientos sobre las normas de protección de datos, un servicio pionero en España

ZARAGOZA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza ha puesto en marcha un "servicio pionero en España" de asesoramiento a alcaldes y secretarios municipales para la aplicación de la normativa de protección de datos. La iniciativa, que comenzó en junio, ha llegado ya a 107 localidades y continuará hasta cubrir los 292 municipios de la provincia.

El servicio combina la presencialidad con el seguimiento y consulta a distancia a través del correo electrónico o el teléfono, y está siendo "replicado por otras diputaciones, como la de Málaga o la de Cáceres", ha afirmado la diputada provincial y delegada de Transparencia y Protección de Datos de carácter personal, Cristina Palacín, durante la rueda de prensa en la que este martes se ha presentado la iniciativa.

"Los ayuntamientos han hecho un verdadero esfuerzo para poder en marcha la la administración electrónica. Sin embargo, leyes como la de protección de datos les obliga a realizar una serie de gestiones que muchos de ellos todavía desconocen", ha indicado Palacín.

Ante esa falta de información que puede darse tanto entre los representantes como entre los trabajadores municipales "hemos querido liderar desde la DPZ la adaptación de los ayuntamientos a esta nueva normativa para gestionar la información de la ciudadanía, respetando su derecho a que sus datos estén protegidos", ha expuesto la diputada provincial.

Palacín ha resaltado el "ahorro de costes que supone este programa provincial para los consistorios" que, de esta manera, no van a necesitar "contratar a empresa externa" para garantizar esta gestión.

DELEGADO

El encargado de realizar ese primer asesoramiento presencial es el delegado de Protección de Datos de la Diputación de Zaragoza, Roberto Ferrer, --presente en la rueda de prensa--, con quien los ayuntamientos han podido "poner rostro" a este servicio, según ha expresado Palacín, en aras de "facilitar la confianza para el posterior asesoramiento 'online' en el día a día municipal".

La diputada delegada de Transparencia y Protección de Datos se ha referido al a la dirección de correo electrónico 'rgpd@doz.es' a la que se pueden dirigir las consultas. Este servicio está también disponible para todos los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones locales de la provincia.

Roberto Ferrer ha manifestado la buena disposición y el gran interés con el que se ha recibido este servicio en los municipios, recordando que la protección de datos es un "derecho fundamental, que está que está reconocido por el Tribunal Constitucional" y que una mala gestión puede dar lugar a sanciones.

Para garantizar esa protección, la ley impone la figura de un delegado a las administraciones públicas, sea cual sea su tamaño, y en el caso de los municipios zaragozanos pueden tenerlo a través de Ferrer, que presta esta labor tanto en la DPZ como para todos los ayuntamientos.

La función del delegado de Protección de Datos comienza con su visita a los municipios para explicar "en qué consiste este servicio", y conocer "las necesidades concretas que tienen que acometer para cumplir con la Ley", para lo cual, se realiza "una radiografía de todas las actividades que realiza el ayuntamiento", ha referido Ferrer.

GUÍA DE LA DPZ

Además, se hace entrega a los consistorios de "una documentación básica para que vayan comenzando a implementar las obligaciones más importantes" y se les facilita una guía, editada por la propia DPZ, en la que se especifica el Reglamento Europeo de Protección de Datos, y la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales.

La guía pretende "servir de referencia para resolver las innumerables cuestiones que plantea la nueva normativa de protección de datos de carácter personal", ha detallado Ferrer. En ella, los ayuntamientos pueden encontrar "una referencia básica que les oriente y facilite de forma amena antes los complejos conceptos que conlleva el tratamiento de datos de carácter personal", ha recalcado.

El delegado ha llamado la atención sobre el hecho de que aunque no existen multas económicas para los órganos administrativos por incumplir la ley, sí se dan sanciones de apercibimiento. Ha alertado además de que "el funcionario que incumple la normativa" puede verse expuesto a "un expediente disciplinario" ya que se trata de "una infracción muy grave".

Además, ha relatado que estas vulneraciones se publican en los boletines oficiales y se le "da trasladado al Justicia de Aragón" y el ciudadano al que han vulnerado sus derechos de protección de datos "puede solicitar una indemnización" por daño moral.

Ferrer ha ratificado que los "ayuntamientos carecen de personal especializado en esta materia", cuya gestión "es cara", por lo que la labor del servicio de asesoramiento es "muy importante" y está siendo muy bien recibida. "Los secretarios tienen un enorme sentido de la responsabilidad en relación con el cumplimiento de esta materia", dicho Ferrer.

INFORMACIÓN PERSONAL

El delegado de Protección de Datos ha advertido que "aunque un ayuntamiento sea pequeño no significa que tenga menos problemas de protección de datos", y ha enumerado diferentes ejemplos, como comunicaciones con los ciudadanos, concursos públicos o procesos de selección de personal", entre otros, ya que "el tratamiento de información personal es inherente a la gestión municipal".

En este sentido, las principales consultas de alcaldes y secretarios se refieren, según ha enumerado Ferrer, a "cómo tienen que incluir las cláusulas informativas, cuándo tienen que pedir consentimiento para tratar los datos, o cómo se deben instalar cámaras de seguridad", entre otras cuestiones.

"Algunos ayuntamientos no habían incluido cláusulas de información o las tenían desactualizadas, por ejemplo, en los correos electrónicos. Lo mismo sucede con externalizaciones de servicios que no estaban correctamente documentadas, para lo que se les ha proporcionado modelos contractuales para solucionarlo" ha relatado el delegado.

Ferrer ha subrayado que esta información se ha demandado tanto "por parte de los ciudadanos, como por los empleados públicos o incluso cargos electos".

NORMATIVA

La plena aplicación del Reglamento Europeo de Protección de datos, así como la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales, han supuesto dos importantes hitos en las garantías para los ciudadanos acerca del tratamiento de sus datos personales, tanto por parte de las entidades de carácter privado, como por las administraciones públicas.

Entre otras medidas, en la DPZ se ha puesto en marcha un Comité de Seguridad de la información y Protección de Datos, encargado de coordinar y centralizar todas las iniciativas de la institución en materia de seguridad electrónica y protección de la información.

Su objetivo es desarrollar la normativa que regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la administración electrónica, así como determinar la política de seguridad que ha de emplear la DPZ en la utilización de los medios electrónicos.