HUESCA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón ha cifrado en el 30,27% el seguimiento de la huelga de docentes, en los turnos de mañana y tarde, realizada este miércoles, 14 de octubre, en la provincia de Huesca para pedir el cese del jefe de la inspección provincial.
Los sindicatos educativos han situado en el 59% el seguimiento de la huelga educativa entre los docentes y un 24% en administración. Con esta movilización han exigido un cambio del modelo de la inspección educativa de Huesca y que se equipare al de las otras dos provincias aragonesas.
Durante la jornada de huelga, este miércoles, las centrales han llevado a cabo una concentración en la ciudad de Huesca en la que han dado lectura a un manifiesto lamentando la actuación de la inspección educativa.
"¿Qué tiene de educativa una inspección que genera miedo?, la administración educativa debe garantizar que las reglas sean claras, conocidas y aplicadas de manera homogénea, por ello reclamamos la unificación de criterios de inspección en las tres provincias aragonesas", según se ha leído en el manifiesto.
Entre las principales reivindicaciones figuran la eliminación de los denominados 'mínimos imprescindibles', la unificación de criterios de actuación inspectora en las tres provincias aragonesas, la revisión externa y garantista de las sanciones impuestas y el relevo de la actual Jefatura de Inspección de Huesca.
SERVICIOS MÍNIMOS DE LA HUELGA DE MAYO
En otro orden de cosas, el Ejecutivo regional ha informado, asimismo, de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha desestimado el recurso contencioso administrativo interpuesto por Comisiones Obreras contra la Orden del Departamento que fijaba los servicios mínimos para la huelga convocada el pasado 7 de mayo en el primer ciclo de Educación Infantil.
La Sala de lo Contencioso Administrativo ha concluido que "la Orden impugnada está debidamente justificada, detalla las ratios de alumnos y establece personal imprescindible sin obstaculizar el derecho de paro" y "por consiguiente se ratifican los servicios mínimos establecidos y se impone a las organizaciones recurrentes el pago de las costas procesales", han indicado desde el Departamento.
