El Ejecutivo aragonés recurrirá el Decreto de regularización, que "tensiona los servicios públicos"

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ZARAGOZA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón presentarán un recurso judicial contra el Real Decreto de regularización de inmigrantes, que "tensiona nuestros servicios públicos", ha anunciado la vicepresidenta del Ejecutivo, Mar Vaquero, tras acordarlo el Consejo de Gobierno.

El Ejecutivo en funciones, que presentará el recurso a propuesta del Departamento de Bienestar Social y Familia, aduce la "falta de transparencia y de recursos por parte del Estado" para llevar a término el Real Decreto.

Para el Gobierno de Jorge Azcón este Decreto es "una irresponsabilidad legislativa" de ahí su "rechazo frontal", considerando necesario "proteger el interés general, la seguridad jurídica y la calidad de los servicios públicos de la Comunidad Autónoma".

El mencionado Decreto se publicó en el BOE el 14 de abril y modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, "con lo que abre las puertas a un proceso de regularización masiva".

El Gobierno de Aragón en funciones fundamenta su impugnación en la "opacidad" del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en torno a esta norma, puesto que "no ha dado respuesta a las alegaciones presentadas por la Comunidad Autónoma al respecto el pasado mes de febrero".

IMPACTO ECONÓMICO DEL DECRETO

También denuncia que el Gobierno de España "ha ocultado el impacto económico de la medida y no ha previsto la carga administrativa y de gestión que supondrá para la sanidad, la educación y los servicios sociales aragoneses".

El Ejecutivo autonómico en funciones considera que esta regularización masiva "incentiva un efecto llamada y supone un agravio comparativo para los ciudadanos extranjeros que cumplen escrupulosamente la Ley para residir en España".

Por todo ello, Aragón agotará todas las vías judiciales posibles "para oponerse a una decisión impuesta de forma unilateral y sin diálogo por parte del Gobierno de España y da con la interposición de este recurso el primer paso".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la vicepresidenta, Mar Vaquero, ha aseverado que el Gobierno de España de Pedro Sánchez "lejos de sujetarse a la debida lealtad institucional insistte en tomar acuerdos cuya única finalidad es tensionar la relación con las comunidades autónomas y confrontar con los Gobiernos autonómicos pensando en cuestiones de estrategia".

"Lejos de tener en cuenta las razones humanitarias, lo que tiene en cuenta es la intención de enfrentarse, permanentemente, a las comunidades y provocar graves perjuicios a los aragoneses", ha continuado Vaquero, subrayando que el Decreto comporta un mayor gasto presupuestario y "no viene con financiación del Gobierno de España".

Este Real Decreto se ha aprobado "de espaldas a las comunidades autónomas", ha lamentado la vicepresidenta, quien ha criticado "la instrumentalización total de las políticas públicas a través de una regularización sin diálogo y de espaldas a los intereses de los aragoneses".

Mar Vaquero ha dejado claro que el Gobierno de Aragón "cumplirá siempre" la normativa vigente pero ha insistido en rechazar "esta regularización totalmente descontrolada, interesada y por motivos políticos, que está llevando a cabo Pedro Sánchez".