ZARAGOZA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -
El nuevo Reglamento de las Cortes de Aragón ha entrado en vigor este viernes, 1 de septiembre, como consecuencia del inicio del segundo periodo de sesiones de 2017, momento que, según la disposición final de la nueva normativa parlamentaria, se había establecido para poner en marcha los mecanismos precisos y las adaptaciones del trabajo legislativo necesarios, al tratarse del periodo siguiente al de su publicación, el pasado 6 de julio.
A tal efecto, la Mesa de las Cortes de Aragón había solicitado un "análisis global" por parte de los Servicios Jurídicos de la Cámara a la hora de determinar "qué disposiciones y procedimientos resultan directamente aplicables sin necesidad de adaptación alguna, y cuáles requieren la puesta en marcha de determinados mecanismos".
Una hoja de ruta que ya fue presentada y adoptada en su día por el órgano de gestión parlamentaria y que apuesta por una aplicación "progresiva" de un texto que incluye importantes novedades en materia de Estatuto de los Diputados, derechos económicos o participación y transparencia, entre otros ámbitos.
DOS BLOQUES
Este informe presenta, por tanto, dos bloques. El primero engloba aquellos casos en los que la nueva regulación es "cerrada y completa", y que, de esta forma, "solo requiere la decisión de a partir de qué momento se aplica".
Hasta veintisiete apartados incluye este bloque, desde los relacionados con aspectos de los procedimientos legislativos y de tramitación parlamentaria, como la audiencia pública en determinados procesos o la convocatoria de plenos monográficos, por citar algunos ejemplos, a otros de carácter más institucional o de funcionamiento interno.
El segundo bloque aborda las cuestiones que "requieren disposiciones normativas para su aplicación o conllevan cambios sustanciales en organización y métodos de trabajo, o consecuencias importantes sobre los procedimientos parlamentarios que actualmente se aplican".
En esta ocasión, la relación recoge veintidós apartados donde figuran aspectos como la tramitación presupuestaria, la publicidad y el acceso a la información parlamentaria o la indemnización por cese de los diputados, además de otras iniciativas concretas como la creación de la oficina de control presupuestario o de la agencia de integridad y la adecuación de los apartados web relacionados, fundamentalmente, con transparencia y participación ciudadana.
Como se recordará, la Cámara constituyó en octubre de 2015 una Ponencia especial encargada, en exclusiva, de la redacción de una propuesta para cambiar la norma básica de funcionamiento del Parlamento.
Tras año y medio y más de treinta reuniones, en marzo de este mismo año este grupo de trabajo, integrado por Antonio Torres (PP), Héctor Vicente (Podemos), María Herrero (PAR), Javier Martínez (Ciudadanos) y Patricia Luquin (IU), bajo la coordinación de Javier Sada (PSOE), presentó un documento que se abrió, en ese momento, a la presentación de enmiendas.
En este sentido, el desglose de enmiendas arrojó una distribución que, desde un punto de vista cuantitativo, encabezó Podemos, con veinte propuestas, seguido del PAR, que firmó catorce.
El resto se dividió entre las siete del PP y las tres avaladas por el Grupo Parlamentario Mixto. Una vez analizadas, la ponencia elaboró el dictamen que, con el beneplácito de los parlamentarios autonómicos en sesión plenaria, se convirtió en el nuevo Reglamento de las Cortes de Aragón.
