TERUEL, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -
El especialista en Derecho Comunitario y representante de Cuenca Ahora en la Coordinadora de la España Vaciada, Cruz Fernández, ha pedido ayudas europeas específicas y una fiscalidad diferenciada para afrontar la despoblación durante su comparecencia ante el grupo de trabajo de Unión Europea de la Comisión por la Reconstrucción Económica y Social del país del Congreso de los Diputados.
El compareciente ha sido propuesto por la Agrupación de Electores Teruel Existe y ha centrado su exposición, este lunes, 15 de junio, en explicar algunos puntos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre los que podrían fundamentarse medidas específicas para mejorar la situación de la España Vaciada, como son ayudas suplementarias a los territorios despoblados o una fiscalidad diferenciada para las personas y empresas que se asienten en ellos.
Uno de estos artículos es el 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que se dispuso con el fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la UE, reforzar su cohesión económica, social y territorial, así como "reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas", ha expuesto Fernández.
El texto destaca que se prestará especial atención a las zonas rurales y a las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes y en el apartado tercero del artículo 107 se habla sobre competencia y fiscalidad, "donde se apunta que podrán considerarse compatibles con el mercado interior las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común", ha relatado el ponente.
Este experto ha señalado, asimismo, que para solventar los problemas de la España Vaciada debe hacerse una "buena utilización" de los recursos nacionales disponibles y también de las ayudas e instrumentos europeos.
En este sentido, ha destacado la importancia de la aprobación del nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-2027, que todavía se encuentra en fase de negociación y que, en arreglo a lo dispuesto en los artículos mencionados, "debería incluir la adopción de medidas específicas o suplementarias a las ya establecidas en el marco general para zonas geográficas que padecen problemas de despoblación graves y permanentes, en las cuales pueden insertarse los territorios de la España Vaciada con dicha problemática estructural".
DISCRIMINACIÓN POSITIVA
Fernández ha abogado porque en la futura reglamentación exista una discriminación positiva hacia estos territorios para favorecer su desarrollo económico y social, en la que se incluyan los beneficios fiscales correspondientes --disminución del IRPF, impuesto de sociedades y IBI-- y también una rebaja de las cotizaciones sociales destinadas a favorecer el mantenimiento de la población e impulsar el asentamiento de nuevos habitantes.
El experto ha lamentado que, hasta ahora, la normativa comunitaria que ha desarrollado la política estructural y de cohesión no ha tenido en cuenta la situación especial en la que se encuentra la España Vaciada, sus territorios y sus gentes.
"Se les ha aplicado las mismas reglas que el resto cuando su situación estructural es, a todas luces, diferente lo cual podría vulnerar el principio de igualdad o no discriminación reconocido tanto en el derecho comunitario, artículo 2 del Tratado de Funcionamiento de la UE y el artículo 14 de la Constitución española, cuyo desarrollo jurisprudencial exige que ante situaciones iguales se otorgue el mismo trato a las personas y en situaciones desiguales se favorezca un trato distinto a las mismas", ha explicado.
PRECEDENTES
El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, en su turno de preguntas, se ha interesado por la posibilidad de llevar a cabo esta fiscalidad diferenciada, sobre las dificultades que puede haber a la hora de su aplicación y los precedentes exitosos que ha habido en otras partes, ya que, según ha apuntado, "en muchas ocasiones estas propuestas se encuentran con la oposición del propio Estado o de la Unión Europea por considerar que contravienen la normativa de libre competencia".
Guitarte ha preguntado si, además de este tipo de "discriminación positiva", también sería conveniente una reducción de costes en aspectos como la cuota de la Seguridad Social, algo que depende del propio Estado y no de la Unión Europea.
Fernández ha respondido al diputado alegando que a pesar de que algunas medidas como la de reducir la cuota de la Seguridad Social dependen, efectivamente, del Gobierno nacional, es necesario contar con un soporte legal a nivel europeo para poder llevar a cabo su aplicación en España.
"Si un reglamento comunitario contemplase estos aspectos ya sería permisible y el Gobierno español podría aplicar ese reglamento y adoptar una serie de medidas concretas sobre fiscalidad", ha apuntado y ha añadido que en su opinión es una vía que "hay que utilizar", y que España debe negociarla y gestionarla en Bruselas.
CEDDAR
El Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales (CEDDAR) también ha comparecido este lunes ante el Grupo de Trabajo Unión Europea de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso.
Su representante, el aragonés Miguel Martínez Tomey, experto en políticas europeas de desarrollo, ha apostado por superar la identificación absoluta entre lo agrario y lo rural, por un modelo participativo, de abajo a arriba y diversificado, partiendo de siete premisas básicas.,
Una de ellas es favorecer la presencia y formación de trabajadores cualificados y la capacidad de retener y de atraer capital humano exógeno a través de la oferta de oportunidades laborales y otra la generación de actitudes de emprendimiento en el entorno social con capacidad de retener el talento y de atraer a emprendedores a través de oportunidades e incentivos.
Igualmente, Martínez Tomey ha abogado por la dotación de infraestructuras y equipamientos básicos y acceso a suministros esenciales; la oferta de vivienda asequible y de calidad; y la disponibilidad de servicios básicos para la población que sean "accesibles", tanto servicios públicos --educativos, sanitarios, administrativos y sociales--, como actividades comerciales y oferta cultural y de ocio.
Esta entidad también ha apostado por la conectividad, comunicaciones y movilidad de calidad y prestaciones adecuadas; por un marco normativo en relación con la fiscalidad y ordenación de recursos naturales "consecuente con las realidades y necesidades del medio rural",
